El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana en Almirante Brown el acto de inauguración de una alcaldía departamental destinada a la detención transitoria de personas que aguardan por la resolución de sus situaciones procesales. 

Fue junto a los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak; el intendente Juan José Fabiani; el diputado provincial Mariano Cascallares; la directora provincial de Coordinación de Alcaidías Departamentales, Paula Montero; y la directora de la nueva Alcaidía Departamental, Mariela Pavetti. 

El Gobernador subrayó que “con la construcción de alcaldías buscamos terminar con las cárceles instaladas dentro de las comisarías, brindando mejores condiciones para la detención transitoria y un contacto más sencillo para las familias”. 

“Asumimos en 2019 en el marco de una crisis humanitaria en el sistema penitenciario bonaerense, que tenía una sobrepoblación récord y atravesaba una huelga de hambre que alcanzaba a más de 16 mil internos porque, a partir del ajuste y la desidia, no se proveían los alimentos y los remedios necesarios”, sostuvo Kicillof y agregó: “A una situación histórica y estructural, que fue agravada durante los cuatro años anteriores, le respondimos con una transformación profunda, que cambia de raíz a nuestro sistema penitenciario”.

“Tenemos un récord de participación de internos en actividades vinculadas a la educación y la formación, y estamos impulsando polos industriales y textiles en las unidades penitenciarias para que, una vez que se hayan cumplido sus penas, todos puedan reinsertarse de manera productiva y solidaria en la comunidad”, explicó el Gobernador.

En el marco de la segunda etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria, se invirtieron $1.208 millones para construir la alcaidía, que posee 5.600 metros cuadrados y suma 312 plazas distribuidas en tres módulos de cuatro pabellones cada uno. Además, cuenta con aulas y talleres para la formación educativa y laboral; un salón de usos múltiples y espacios para la vinculación familiar, con el objeto de continuar disminuyendo la tasa de reincidencia.

Por su parte, Katopodis remarcó que “estamos ante la política de transformación penitenciaria más extraordinaria de la historia de la provincia de Buenos Aires, con realidades concretas que dan respuesta a la demanda de nuestro pueblo por una mejor calidad de vida en materia de seguridad”. “Los problemas se resuelven así, con un programa serio y un Estado que interviene de manera inteligente para articular acciones conjuntas y políticas transversales”, dijo y añadió: “La primera apuesta para combatir el delito es crear oportunidades, garantizar derechos y construir sociedades más justas y democráticas”.

El plan ya permitió la construcción de 2.436 plazas en una primera etapa, en tanto que ya se están terminando las obras que, en una segunda instancia, darán lugar a la creación de 4.100 plazas. Asimismo, ya fue presentada la tercera etapa del proyecto, que implica la puesta en marcha de 5.500 nuevas plazas que finalizarán en diciembre próximo y completarán las 12 mil durante cuatro años de gestión.

Al respecto, Alak expresó que “la posibilidad de llevar a cabo 40 obras en 48 meses no es fruto del azar, sino de la decisión política que hemos adoptado para resolver un problema crónico de sobrepoblación en el sistema penitenciario bonaerense”. “Sumamos programas de identidad, educación y formación laboral para promover la reinserción social y disminuir la reincidencia, contribuyendo así a que siga bajando la tasa de delitos en la provincia”, indicó.

“Este paso tan importante que estamos dando con toda la comunidad simboliza el esfuerzo que se ha hecho en tiempo récord para garantizarles a los detenidos transitorios un lugar digno, seguro y que permita el contacto con sus familias”, afirmó Cascallares y agregó: “Todo esto no es casual, tiene que ver con una decisión política que viene a resarcir una deuda histórica con todos las y los bonaerenses en materia de infraestructura social”.

Por último, Kicillof resaltó que “las cárceles no pueden ser un lugar que potencie los motivos que llevaron a muchas personas al delito: apostamos por mejores condiciones para la reinserción social y ya hemos bajado la reincidencia de un 46% al 22%”. “Este plan de transformación del sistema penitenciario es, sobre todo, una política de seguridad ciudadana para reducir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los y las bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; y el subjefe, Javier Cáceres; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Política Penitenciaria, José González Hueso; y de Inclusión Penitenciaria, Diego Rao; el director provincial de Infraestructura Penitenciaria, Sergio Reza; la jefa de gabinete del ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la diputada nacional Maria Rosa Martínez; la legisladora provincial Lucía Iañez; el presidente del Tribunal Casación Penal provincial, Daniel Carral; el director de programas del ILANUD en Prevención del Delito y Servicios Penitenciarios para Argentina, Juan Carlos Domínguez Lostaló; y el titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Claudio Santagati.