Tener alguna discapacidad es el principal motivo de discriminación en Argentina según el registro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

Falta de cupo en las escuelas y de acceso al trabajo, poca o nula accesibilidad en instituciones educativas y otros organismos públicos y trabas para gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) son enumerados como los principales obstáculos para el ejercicio de sus derechos por parte de las personas que tienen una discapacidad o por su entorno más cercano. 

Las denuncias por este motivo históricamente han encabezado el ranking del INADI y representan entre el 20% y el 25% del total de reclamos.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, se radicaron este año 209 denuncias de discriminación por esta razón -en total fueron 865-; el año pasado habían sido 171. 

“Las personas con discapacidad, que se estima que son 1 de cada 6 habitantes, tienen que enfrentar muchos obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos”, comenta a El Teclado Karina Vitaller, delegada del INADI-La Plata.

“Hay barreras físicas y simbólicas y como sociedad nos falta mucha educación sobre diversidades. En La Plata hay fallas en la accesibilidad a espacios y organismos públicos”, sostiene Vitaller, además comunicadora social, investigadora y docente de la UNLP. 

Y ejemplifica: “la oficina del INADI está en el pasaje Dardo Rocha, que no es accesible para las personas con movilidad reducida. Si yo cito a alguien a la oficina, tengo que avisar con anterioridad a los trabajadores del Pasaje para que adecúen el espacio y que esa persona pueda llegar con más facilidad”.

Desde el organismo trabajan junto a distintas entidades y agrupaciones en la construcción de una agenda colectiva para 2023.

“Me preocupa especialmente lo que está pasando en las escuelas con los chicos y chicas diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA)”, reconoce Vitaller. Y agrega: “Muchas veces las madres y padres se encuentran con que no les renuevan la matrícula y tienen que salir corriendo a buscar otro colegio. Obviamente no les dicen que es por su discapacidad, les dan otra excusa. Y esto no sólo pasa en las instituciones educativas de gestión privada, también ocurre en las de gestión pública”.

“Los y las docentes muchas veces refieren por su parte que no saben cómo abordar situaciones con chicos que presentan una diversidad; hay mucho desconocimiento sobre el tema”, señala la delegada local. 

“El nene no tiene características físicas de discapacidad, no creemos que necesite de un acompañamiento escolar”. Esa frase cargada de indiferencia y ausencia de empatía escuchó Débora Barani de boca de una docente de un colegio al que quiso inscribir a su hijo Bastian (8), con diagnóstico de TEA, cuando pidió que la escuela le permitiera contar con una acompañante terapéutica. 

Débora integra la Red de Padres TEA de La Plata, Berisso y Ensenada, una ONG de alcance nacional, que entre otras cuestiones capacita sobre TEA en forma gratuita a familiares, docentes y comunidad en general, y que sólo en la región nuclea a más de 3 mil familias.

“Las personas con TEA -autismo, síndrome de Asperger, entre otros- se encuentran con varias barreras -cuenta Barani a El Teclado- y la primera es la detección temprana por falta de preparación de los pediatras. Lamentablemente, en muchas familias terminan siendo los padres los que observan las señales de alarma”. 

Es el caso de Bastian, que recién obtuvo un diagnóstico certero después de 4 años de búsqueda, definiciones erróneas, pruebas y tratamientos equivocados. 

“Otra barrera es obtener el CUD -continúa su mamá-. No todos los hospitales públicos otorgan los turnos para tramitarlo en tiempo y forma, entonces muchas familias terminan gestionándolo en forma privada, con un test llamado ADOS que cada profesional cobra a su gusto, y que actualmente cuesta entre 16 mil y 30 mil pesos”.

Además, relata que “en educación se presenta otra barrera. Muchas escuelas te limitan el ingreso diciendo que ‘no hay banco’ o que ‘no puede ingresar el acompañante porque en ese caso serían dos vacantes' y ellos solo tienen una, etcétera”.

 “Creo que el sistema educativo no está preparado debido a la falta de información, a que el Estado no se preocupa por capacitar a los docentes y a que las capacitaciones sobre inclusión y discapacidad son aranceladas. Hay maestras que se pagan los cursos de su bolsillo y ayudan mucho a las familias, pero lamentablemente son muy pocas”, sostiene la referente de la Red en La Plata. 

Y añade que “las escuelas tampoco están preparadas en accesibilidad cognitiva y comunicacional; la mayoría de los micros no están adaptados y la comunidad en general no sabe cómo manejarse con las personas con autismo”.

“Yo creo que la sociedad discrimina mucho a las personas con discapacidad en general, no solamente a los niños con TEA”, remarca Barani. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la principal legislación en la materia. En Argentina contamos además con la Ley 22.431, de 1981, que requiere una urgente actualización.

Este año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó foros en distintos puntos del país en el marco de una consulta federal con el objetivo de construir un nuevo proyecto de Ley, que deberá ser presentado por el Ejecutivo Nacional para su posterior discusión en el Congreso. 

En Argentina, las personas con discapacidad deben tramitar el CUD, un documento público válido en todo el territorio nacional, que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en distintas legislaciones.

Entre otras cuestiones, con la presentación de este certificado, la persona debería poder acceder a la cobertura del 100% de las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera y a traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Pero el procedimiento para la obtención del CUD no es sencillo y en ocasiones se convierte en otra de las barreras a sortear. 

“Este año en particular hubo muchos reclamos en relación a los turnos para tramitarlo, porque con el tema de la pandemia se atrasaron, y el retraso en el CUD retrasa el acceso a todos los derechos”, señala a El Teclado Natalia Panella, directora del área de Discapacidad y Personas Mayores de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

El área que conduce Panella brinda asistencia ante situaciones de vulneración de derechos. 

“Los mayores reclamos están vinculados a las cuestiones de salud -sobre todo a lo referido a las prestaciones de las obras sociales- y al trabajo, especialmente pidiendo el cumplimiento del cupo laboral del 4% en la administración pública”, explica.

Las estadísticas son alarmantes: según información emitida en 2021 por la Defensoría bonaerense, en Argentina, el 87% de las personas mayores de 14 años con CUD no tiene trabajo. 

Al organismo que encabeza Guido Lorenzino -al igual que al INADI- llegan al mismo tiempo quejas por falta de cupos en los colegios y problemas de accesibilidad en general: ausencia de rampas en escuelas y entidades públicas pero también de una comunicación que incluya la diversidad. 

Panella –además abogada- considera que, si bien todavía “falta educación y empatía”, en la actualidad se observa “un trabajo para cambiar el paradigma en relación a la discapacidad”. 

“Durante muchos años la discapacidad fue abiertamente ocultada, a la persona se la separaba de la sociedad: no iba a la misma escuela que otros niños y no realizaba actividades recreativas con otras personas, por poner un ejemplo. Yo, con 45 años, crecí sin convivir con chicos de mi edad que tuvieran alguna discapacidad”, dice y concluye: “afortunadamente, nuestros hijos e hijas van a tener otra mirada”. [El Teclado].