El próximo martes 10 se cumplen 4 años de la entrada en vigencia de la Ley nacional 27.499 -‘Ley Micaela’- una norma disruptiva que obliga a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías a capacitarse en materia de género y violencia contra las mujeres y disidencias.

La Ley -que lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en 2017- plantea un enorme desafío a nivel estatal: implica la formación de todas las personas que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y de todas las provincias en una temática sensible, que genera resistencia en algunos ámbitos.

Quienes trabajan en la aplicación coinciden en que les gustaría una mayor agilidad y fluidez en los procesos de ejecución de la Ley, aunque no desconocen los logros alcanzados.

“En los poderes judiciales, por ejemplo, la implementación viene muy lenta y se está haciendo de manera incompleta; las capacitaciones están desactualizadas y las hace quien quiere, no están citando a todo el personal”, cuenta Andrea Lescano, mamá de Micaela y presidenta de la Fundación Micaela García “La Negra”.

“Necesitamos que los jueces -principalmente los de la plana mayor- se formen para que realmente haya sentencias con perspectiva de género”, remarca Lescano a El Teclado.

La urgente necesidad de formación en género por parte de jueces y juezas no es un capricho: el 1º de abril de 2017, Micaela -estudiante de Educación Física y militante del movimiento “Ni una menos”- fue secuestrada, violada y asesinada e Gualeguay (Entre Ríos) por Sebastián Wagner, un condenado por abuso sexual beneficiado con la libertad condicional -pese a los informes técnicos que desaconsejaban su liberación- por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi.

El año pasado, la Fundación realizó junto a otras organizaciones feministas un monitoreo sobre la aplicación de la Ley en los Poderes Judiciales de todo el país. 

Los resultados del estudio no fueron muy alentadores: sólo un 29% de las jurisdicciones respondió en tiempo y forma el pedido de información pública, mientras que un 17% directamente no respondió; hasta el momento, únicamente 5 provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género y hasta diciembre de 2021 sólo el 25% de las jurisdicciones del país había completado al menos una cohorte de trabajadores y trabajadoras capacitados.

“El monitoreo fue bastante engorroso, y eso que fuimos varias organizaciones haciendo el trabajo”, dice Lescano, y agrega: “pasa que el Poder Judicial no es transparente. Ellos no respondieron al petitorio que hicimos sino que respondieron lo que quisieron”.

De todas maneras, reconoce que “vemos una leve mejoría, eso no se puede negar, pero la implementación viene demasiado lenta”, y ejemplifica que “los Colegios de Abogados están teniendo otra mirada, es decir que a esa mejoría las vamos a ver en el futuro, en los nuevos profesionales”.

“Si bien implica capacitar específicamente a los agentes del Estado, creo que fue la sociedad la que se apropió de la Ley”, reflexiona Lescano, y asegura: “aunque hagan los cursos para ‘estar a la moda’ o porque ‘hay que ir con la ola’, celebramos que de alguna manera la perspectiva de género vaya ingresando en trabajadores y trabajadoras”.

La Fundación se encuentra desde hace 2 meses monitoreando la implementación de la legislación en comunas y municipios de todo el país, un trabajo inmenso que se está haciendo de manera artesanal con el voluntariado de la organización. 

“Primero pedimos la información a los órganos de aplicación de la Ley y, si no obtenemos respuestas, les pedimos a las concejalas que nos acerquen los datos, apuntamos a su sororidad”, explica Lescano. “Es un trabajo de boca en boca”, reconoce.

LA LEY

De acuerdo a la Ley nacional, los ministerios y demás organismos estatales deben enviar al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -a cargo de la aplicación de la norma- un plan de capacitación diseñado específicamente para su área de competencia. La cartera que dirige Ayelén Mazzina Guiñazú podrá realizar sugerencias o modificaciones sobre ese programa. 

La participación en las capacitaciones es obligatoria; de negarse, el trabajador o trabajadora puede recibir una sanción disciplinaria. 

De acuerdo a información pública, hasta el momento, el Ministerio de las Mujeres de la Nación formó a 158.522 agentes y autoridades del Estado y llevó adelante alrededor de 1.867 cursos y talleres en ámbitos estatales, empresariales, sindicales, deportivos y medios de comunicación.

En marzo de 2019 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 15.134, denominada ‘Ley Micaela Bonaerense’. 

Hasta el momento, cerca de 10 mil trabajadores de los 600 mil que tiene el Ejecutivo provincial -un 1,6%- realizaron el curso completo.

“Para mí que soy muy ansiosa son muy pocas personas”, reconoce Cintia Rogovsky, directora provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.

El Ministerio es el órgano responsable de la implementación de la norma en el ámbito del Poder Ejecutivo bonaerense y está trabajando muy fuerte en la temática. Entre otras acciones, la cartera que conduce Estela Díaz dicta cursos de sensibilización para las autoridades de cada área y variedad de talleres para formadores y formadoras. Además diseña los materiales y los contenidos curriculares mínimos y ofrece colaboración en las capacitaciones a los 135 municipios bonaerenses, al igual que a los restantes poderes del Estado (Legislativo y Judicial). 

“La Provincia tiene 47 organismos, y cada uno es soberano, así que nosotres no imponemos, promovemos”, afirma Rogovsky a El Teclado. “En ese sentido -agrega- es que vamos dialogando con quienes nos indican como referencia: en algunos casos son los equipos interdisciplinarios de género, en otros las subsecretarías, en otros los directores provinciales, eso depende de cada área. En el Ministerio de Producción, por ejemplo, el ministro Augusto Costa lo tomó como una prioridad y desde entonces se ocupan fuertemente del tema”.

Pero no todos los directivos tiene el mismo interés. Rogovsky se refirió en ese sentido a los obstáculos que en ocasiones se presentan para la realización de los talleres. “Ésta es una política disruptiva y contrahegemónica, y la resistencia, cuando aparece, se da de muchas maneras, nunca es abierta. Hay casos en los que se ponen obstáculos para que los trabajadores hagan el curso en horario laboral o en los que se pretende que lo hagan en la casa, ‘cuando quieran’”, cuenta.

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La aplicación de la Ley prácticamente coincide con la pandemia de coronavirus y sus consiguientes “cuarentenas”, con lo cual muchos empleados/as se formaron de manera virtual.

Hoy, a 3 años de la aparición del COVID-19, con vacunaciones masivas y todas las actividades comerciales y recreativas habilitadas, Andrea Lescano considera que “se está abusando de la virtualidad”. “La virtualidad no está mal para llegar a todos los lugares, pero en esta temática se necesita interactuar con el resto, ver qué piensan los demás, escuchar otras ideas y no estar detrás de una computadora contestando un ‘múltiple choice’”, dice.

Otras de las falencias que señala es que “a nivel nacional hay pocas capacitadoras”. “En cada curso debe haber, como mínimo, 2. Porque son temáticas con las que no todos están de acuerdo y en las que hay que escuchar todas las campanas. A veces aparece alguien que agrede a la capacitadora y en esos casos es necesario que haya otra persona que pueda socorrerla y acompañar esa situación”, explica.

En el balance, Lescano se inclina igualmente por los aspectos positivos, que son muchos y bien concretos. “Tenemos buenas devoluciones. A veces nos relatan que han empezado a hablar del tema con compañeros y compañeras en sus ámbitos de trabajo, o nos dicen que ahora se dan cuenta de lo que pasaba a su alrededor”, asegura. 

“O nos dicen que por ‘culpa’ de los talleres tienen un montón de denuncias, o que ‘ahora no se puede hacer ni un chiste, no se puede decir nada’. Y a eso también lo tomamos como algo positivo”, destaca la presidenta de la Fundación Micaela García.

Cintia Rogovsky hace hincapié en aspectos similares: “después de los cursos aparecen denuncias que creemos que no hubieran aparecido si las personas no hubieran realizado las capacitaciones”, concuerda, y amplía: “hay situaciones de violencia de género en el ámbito de trabajo que no eran leídas como tales. Y también se toman decisiones interesantes después de hacer las capacitaciones. Por ejemplo, hoy en todas las cabinas de los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata hay afiches con la línea 144 y eso es el resultado del curso que hicimos en el marco de Ley Micaela”. “AUBASA -la concesionaria- es una empresa altamente masculinizada, en la que algo se movió”, subraya.

“En el municipio de San Martín incorporaron a mujeres como inspectoras de tránsito, hoy son el 75% del plantel, y establecieron un protocolo de trato a las personas en la vía pública”, concluye. [El Teclado].