La Dirección municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones de la ciudad de La Plata es el organismo público que cobija a los hijos y el yerno del exintegrante de la CNU, Carlos “El Indio” Castillo, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

La hija del represor, Bárbara Castillo, es la subdirectora del organismo; y su esposo, José María Nieto, el director; Martín Miguel Castillo, otro de los hijos, fue echado del Servicio Penitenciario y cobijado por el intendente platense y ex penitenciario, Julio Garro.

Martín tuvo un fugaz paso por la Armada en los 90, trabajó al menos para dos empresas de seguridad privada y al igual que su hermana se desempeñó en el SPB, de donde fue echado, recalando finalmente en la Municipalidad de La Plata, según publica Diario Hoy. Cabe destacar que el actual jefe comunal también fue empleado del SPB hasta momentos antes de dedicarse a la política.

Los tres -hijo, hija y yerno- están sindicados por extrabajadores y actuales profesionales del área por ejercer maltratos psicológicos, abuso de poder, persecución y por “falta de ética y profesionalidad” en el abordaje de la problemática de las adicciones. Desde que Cambiemos asumió la intendencia, el organismo dejó de depender de la Secretaría de Salud para ser reubicado dos veces: primero dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y luego al interior de la Secretaría General. Además, es la primera vez que la Dpyta no tiene como director a un psicólogo.

Cabe recordar, que tras catorce audiencias, el miércoles el Tribunal Oral Federal nº 1 de La Plata dictará la sentencia a los dos represores integrantes de la organización paraestatal Corriente Nacional Universitaria (CNU), imputados por “homicidio agravado, privación de la libertad y aplicación de tormentos”, cometidos en los meses previos al golpe de Estado cívico-militar de 1976. Se trata de Carlos Ernesto “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares. [El Teclado]