Recinto de la Cámara de Diputados bonaerense. [Foto: Facebook de Diputados BA]

En el siglo XXI, la igualdad de género en el acceso a los puestos de poder continúa siendo una quimera. En Argentina se intenta cumplir con la Ley de Paridad en materia legislativa -algo que no se termina de lograr- pero los cargos de mayor decisión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial, continúan estando en manos de los varones.

La provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo. Pese a algunas intenciones -la creación de un Ministerio de las Mujeres, la Vicegobernación y Presidencia del Senado a cargo de Verónica Magario- el Ejecutivo que conduce Axel Kicillof sigue teniendo una conducción mayoritariamente masculina: de 15 ministerios -sin contar la Jefatura de Gabinete, bajo el mando de Martín Insaurralde- sólo 4 están encabezados por mujeres; de los restantes 10 puestos de decisión -como la Asesoría General de Gobierno o la Tesorería General de la Provincia- únicamente 1 tiene al frente a una mujer y el 60% de las Subsecretarías están lideradas por hombres. 

La situación no es muy distinta a la de hace una década. En 2012, el gabinete que en ese entonces dirigía Daniel Scioli contaba con 10 ministerios, de los cuales 2 estaban conducidos por mujeres. 

A nivel nacional el panorama es aún más desalentador: hoy el gabinete de Alberto Fernández tiene 18 ministerios y sólo 4 ministras.

“En el Ejecutivo y en la máxima jerarquía del Poder Judicial (la Suprema Corte de Justicia), donde los mecanismos para las designaciones son eminentemente políticos, es donde queda claro que lo que falta es la convicción de que la democracia y sus instituciones son mejores cuando permiten la participación y representación de intereses plurales, diversos, con trayectorias y experiencias de vida más ricas”, analiza a El Teclado Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“No se trata de un problema de falta de mujeres”, sostiene la abogada y docente universitaria. “Hay muchas mujeres con la formación, la trayectoria, los años de militancia y de trabajo necesarios para ocupar distintos puestos y trabajar con solvencia, profesionalidad y compromiso”, agrega. 

“Se trata -reconoce- de comprometerse de manera más contundente con el tipo de democracia que queremos construir, con los vínculos que queremos promover y el ejemplo que queremos mostrar en el ejercicio del poder”.

El Equipo Latinoamericano creó la plataforma Mujeres en el Poder, que monitorea la participación femenina en espacios de decisión y realizó, entre otros, el informe "Sexo y Poder: ¿quién manda en Argentina?". 

“Los datos muestran con claridad el efecto de las estructuras de discriminación y exclusión, que todavía están muy presentes a pesar de las leyes para avanzar en paridad en espacios legislativos”, destaca Gherardi.

¿PARIDAD LEGISLATIVA?

Y si bien es cierto que la participación de las mujeres en la Legislatura provincial se incrementó en la última década, para eso tuvo que aprobarse una Ley -la 14.848- que obliga a “una equivalencia del 50% del sexo femenino y otro 50% del sexo masculino” en las listas de candidatos/as “para los cargos de cuerpos colegiados en todas las categorías”. 

Esa norma fue sancionada en octubre de 2016 y un año después el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.412, que establece los mismos parámetros, pero a nivel nacional e incluye a parlamentarios/as del Mercosur.

En la actualidad, la Legislatura bonaerense cuenta con 43 diputadas y 20 senadoras, un porcentaje mayor que en 2012 -cuando las mujeres sólo constituían el 28,3% de la Cámara Baja y el 30,4% de la Alta-, pero así y todo siguen faltando: para lograr la tan mentada paridad, deberían ser 46 diputadas y 23 senadoras.

Gherardi explica que “no resulta tan claro que llegar a los espacios de poder necesariamente quiera decir lograr el ejercicio pleno del poder”. Y ejemplifica: “las mujeres son (casi) la mitad de las diputadas y senadoras pero es excepcional que presidan el cuerpo, que lideren los bloques partidarios, que estén en las reuniones donde se toman las decisiones estratégicas”. 

“No es que no existan esos casos (de mujeres en esos lugares) pero siguen siendo la excepción antes que la regla”, remarca la abogada.

La norma bonaerense alcanza a los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares. Gracias a la Ley de paridad, se modificó a favor de las mujeres la proporción de ediles: en 2012 había un 30,8% de concejalas distribuidas en los 135 distritos de la Provincia; en 2021 ingresó un 47,9%.

Quizá el único ámbito en el que históricamente se registre una amplia participación femenina sea la educación, un espacio altamente feminizado. De acuerdo a datos publicados en 2012 por el Observatorio Social Legislativo (OSL) de la Provincia, en ese momento eran mujeres el 60,1% de quienes integraban los Consejos Escolares. 

DESIGUALDAD EN LA JUSTICIA

Por su idiosincrasia, el Poder Judicial constituye un lugar en el que la presencia de mujeres con perspectiva de género resulta imprescindible.

En lo referido a su composición actual, se evidencia que de los 5 miembros que tiene la Suprema Corte de Justicia -incluyendo al Procurador General- 4 son hombres y 1 es mujer.

Según las cifras recolectadas en el Sistema de Indicadores con Perspectiva de Género (SIPG), en la provincia de Buenos Aires, las magistradas sólo son el 38,9%. Esto significa que únicamente una minoría de mujeres participa de la toma de decisiones clave para la población, en causas como femicidios, abusos sexuales, violaciones y lesiones graves, entre otras.

La presencia femenina se incrementa a medida que se desciende del escalafón; por ejemplo, las funcionarias y las trabajadoras administrativas representan alrededor del 60% del plantel en esas categorías.

Débora Bertone, trabajadora judicial perteneciente a Alternativa Judicial - MST y ex secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), sostiene que “en general las mujeres que llegan a cargos altos, lo hacen a los de menor jerarquía, como las Secretarías, en las cuales se desarrolla un rol -subalterno y de asistencia- que social e históricamente se asocia más a la mujer”. 

“Hay una distribución que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Por ejemplo, hay muchas juezas de Familia pero en el fuero Penal predominan los varones”, acota ante la consulta de El Teclado.

En este tramo, Bertone analiza que “igual no alcanza solo con romper el ‘techo de cristal’; tienen que llegar mujeres con perspectiva de género. Que las mujeres lleguen a los puestos de poder no asegura por sí solo que el Poder Judicial tenga perspectiva de género o que haya igualdad”.

Bertone refiere en otro sentido que “hay un problema más de fondo que tiene que ver con otras desigualdades que ocurren dentro del Poder Judicial como el acoso sexual y laboral, que le sucede mayormente a las compañeras trabajadoras administrativas o de los servicios. Son situaciones que cuesta denunciar porque el propio sistema no asegura las condiciones para eso. Y, generalmente, después son las mismas compañeras las que terminan relegadas o yéndose de su lugar de trabajo para evitar el abuso y el maltrato”.

“Creo que uno de los mayores problemas es que los jueces se designan a dedo, por medio de acuerdos políticos, y no de manera democrática, con participación popular. Llegan con banca del poder político y económico, tienen poder e impunidad para hacer lo que quieren”, dice la ex secretaria de Género del gremio judicial.

Y concluye que “tiene que haber una transformación mucho más profunda, que toque privilegios y que no sea un ‘maquillaje’, que modifique el sistema de designación de magistrados y el sistema de ingresos, que también es a dedo porque hoy entra la persona que tiene un contacto”. [El Teclado].