La gobernadora María Eugenia Vidal celebrará la nueva conformación de las cámaras -de rebosante amarillo- con el ingreso de la reforma a la ley de Ministerios, una normativa que busca recortar y ahorrar recursos en el Estado presuntamente desprendiéndose de los puestos políticos.

Pero el rechazo ya se hizo sentir, y son varias las áreas gubernamentales donde los trabajadores (y no los directivos) pusieron el grito en el cielo. La Asesoría General de Gobierno es un de ellas: desde la salida del actual ministro de Justicia Gustavo Ferrari, los empleados de carrera estuvieron alertas por el posible desmantelamiento del organismo, hasta que la hora llegó.

El echado Marcelo López Mesa es el ejemplo perfecto de esa decadencia, y un puntapié para lo que se viene: la absorción de la Asesoría por parte de la secretaría Legal y Tecnica, conducida por una funcionaria muy cercana a la gobernadora, Fernanda Inza. 

Desde su página de Facebook, el personal de carrera de la Asesoría difundió la carta abierta del ex asesor Antonio E. Arcuri, quien advierte a Vidal que "subsumir la AGG en una secretaría de Estado resulta un avance de la política en un organismo técnico con personal de carrera, derechos adquiridos y una vasta experiencia en la materia".

MÁS ORGANISMOS AFECTADOS. La subsecretaría de Hábitat y Vivienda es otro de los órganos del gobierno que sufrirían recortes. Así se desprende de un comunicado difundido por los consejeros, junto con delegados de la CTA.

"La Subsecretaría es la autoridad de aplicación de la Ley 14.449 conocida como Ley de Acceso Justo al Hábitat, que fuera aprobada a finales de 2012 y sirve de marco general de gestión de la política provincial de tierra, vivienda y urbanismo. La norma es un potente instrumento para facilitar el acceso universal a una hábitat adecuado y entre muchos mecanismos crea, entre los artículos 26 y 36, un programa participativo de integración socio urbana de villas y asentamientos, otro de loteos sociales planificados y otro de microcréditos para viviendas", explicaron.

Y añadieron que "el camino que se quiere adoptar con esta reforma deja, insólitamente, sin autoridad de gestión a la ley y no hace otra cosa que imposibilitar la ejecución de todos estos programas"; al tiempo que solicitan al gobierno "no seguir adelante con el desmantelamiento" de área. 

Las imprentas del Estado correrían la misma suerte, ya que según trascendió el gobierno pretende centralizar todas las imprentas -las hay en varios ministerios y secretarías- para unificarlas una sola. El problema, claro, es que corren riesgo cientos de puestos de trabajo.

A través de un comunicado, trabajadores de distintas Imprentas advirtieron que la reforma "destruye categorías, oficios, cargos, antigüedad y horas extra; detiene legajos completos que iban hacia la planta permanente y se achica el espacio físico: estaríamos amontonados 400 trabajadores en un establecimiento de 2 por 2". "Los graficos decimos no a la unificación y no al vaciamiento de las imprentas del Estado", finalizan. Según pudo saber El Teclado, los gráficos estatales evalúan la posibilidad de tomar un edificio público en los próximos días, de no ser atendidos por alguna autoridad. [El Teclado]