La iniciativa tomó estado parlamentario el 15 de diciembre pasado, luego de una presentación realizada por el gobernador junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y debe ser tratado por las comisiones de Reforma Política y del Estado, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados.

Las manifestaciones de apoyo al tratamiento y aprobación de la norma, y adhesiones, han ingresado como notas, decretos municipales y resoluciones, en el expediente PE-11-22/23 de la cámara de origen y en el Poder Ejecutivo Provincial, en reconocimiento a una iniciativa que viene a saldar una deuda de 24 años con las y los bonaerenses.

La redacción del proyecto es el producto de un trabajo plural y colaborativo de más de 70 actores entre universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución, los poderes del Estado, organismos nacionales y municipios, con la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, a través de la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos.

Entre las adhesiones se destacan la del Fiscal de Estado, Hernán Gómez; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; el Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Federico Thea; el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Miguel Berri, y Mónica Mabel Biasone, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Los intendentes que emitieron decretos son Juan Ignacio Ustarroz, de Mercedes; Lucas Ghi, de Morón; Iván Villagrán, de Carmen de Areco; José Rodríguez, de General Lavalle, y el Concejo Deliberante de Junín, a propuesta del Bloque del Frente de Todos.

Las notas de apoyo corresponden a los intendentes de Alberti, Germán Lago; de Baradero, Esteban Damián Sanzio; de Benito Juárez, Julio Cesar Marini; de Bolívar, Marcos Pisano; de Chivilcoy, Guillermo Alejandro Britos; de Ezeiza, Gastón Alejandro Granados; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni; de Navarro, Facundo Diz; de Pehuajó, Pablo Javier Zurro; de Presidente Perón, Blanca Haydee Cantero; de Punta Indio, Leonardo David Angueira; de Rojas, Román Lujan Bouvier; de Veinticinco de Mayo, Hernán Ralinqueo.

Y las organizaciones de la sociedad civil que hicieron público su respaldo son el Centro de Estudios para la Gobernanza; la Escuela de Fiscales y World Compliance Association.

DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO

"Esta iniciativa representa a muchas instituciones, especialistas y universidades, y refleja el debate y la discusión tendientes a resolver problemas y contribuir con todos los poderes del Estado para gobernar mejor y de forma más transparente”, señaló tiempo atrás el gobernador Axel Kicillof. “Es una ley que necesitamos pronto porque viene a fortalecer la gestión y a llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”, añadió.

En tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak sostuvo que “este es un proyecto que cuenta con la legitimidad de haber sido construido con una enorme base participativa”. En ese sentido, explicó que “aborda con un enfoque preventivo aspectos fundamentales como los conflictos de intereses, la participación en licitaciones públicas y la recepción de obsequios por parte de los funcionarios”.

Con 38 artículos divididos en ocho capítulos, el proyecto tiene como principios rectores establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial. En base a ello, se caracteriza por establecer instancias de capacitación obligatoria; considerar la perspectiva de género de forma transversal; crear una Comisión Provincial de Ética Pública y Transparencia y un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil; y la puesta en marcha de un Sistema de Integridad basado en mecanismos preventivos.

Además, el Ministro planteó que “la norma es innovadora en su planteo de capacitación permanente de quienes tienen responsabilidades públicas, pero también en la inclusión de las normas de ética y transparencia en los planes de estudio de las escuelas primarias, con el objeto de producir un cambio cultural en la sociedad argentina”.

Por último, Kicillof subrayó: “Esperamos que esta ley se discuta y se apruebe rápidamente, ya que nos va a brindar a todos la tranquilidad de que la sociedad sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué leyes y normas nos guiamos”. “Será un gran avance para generar más transparencia, que es nuestra obligación para construir un sistema democrático más pleno”, concluyó.