La Justicia Nacional Electoral controla –según las reglas de la ley 26.215- el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales a nivel nacional.

En ese marco, la Cámara Nacional Electoral se pronunció en el día de hoy resaltando la necesidad de promover políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.

Mediante la Acordada Extraordinaria N° 45/2023, firmada por sus tres integrantes -Dres. Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas- la Cámara solicitó información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico, en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas.

Del mismo modo, el Tribunal señaló que la experiencia comparada indica que los intentos del narcotráfico para influir –con el financiamiento de campañas- en los comicios para cubrir cargos públicos electivos, suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales -con algún control territorial-, cuya regulación y fiscalización queda fuera del régimen nacional.

Sobre el punto, se explica que los avances que nuestra República ha hecho en materia de transparencia y control del financiamiento político partidario, deben profundizarse con lazos de cooperación entre las entidades estatales (nacionales, provinciales y municipales) con las que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito.

Para ello, señaló la conveniencia de que el Congreso Nacional evalúe la posibilidad de establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”.

No obstante, en tanto ello no ocurra y con el mismo propósito, se dirigió a los gobiernos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proponiéndoles hacer acuerdos inter jurisdiccionales e impulsar acciones legislativas, operativas y de cooperación, para el adecuado control del financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, con una perspectiva integral que coordine los esfuerzos de las autoridades competentes en los distintos órdenes jurisdiccionales.

La acordada: