El día de ayer se aprobó el proyecto de ley impulsado por el legislador Ramiro Gutiérrez que crea una nueva policía judicial. “Con la nueva ley de Policía Judicial, logramos un adelanto muy importante y el Poder judicial va a poder tener sus propios investigadores ahora la Justicia no va a depender de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, valoró el autor de la ley tras la sesión.
Según explicó Gutiérrez, “la nueva legislación se va a formar personal en dos líneas: un investigador, que es de confianza del agente fiscal, que va a poder esclarecer si se trató de un robo, de un homicidio, de una violación juntando esa evidencia en el lugar del hecho y por otro lado la rama técnica pericial. Nuevos peritos entrenados en preservar la escena del crimen”, subrayó.
“Hemos hecho una ley de fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, ahora los fiscales van a poder tener investigadores y peritos para completar el ciclo de la evidencia, lo que seguramente redundará en que haya mejores juicios y mejor administración de justicia”, resaltó el massista.
La nueva ley de Policía Judicial deroga la Ley 14.424, votada en 2012 y nunca puesta en funcionamiento. Así se cumple con la manda Constitucional del artículo 166 que de impone al Poder Legislativo la obligación de organizar a la Policía Judicial, con una norma idónea, eficaz y de implementación programática.
Con la nueva legislación se crea una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte que permite la concreción de la labor investigativa en aquellos delitos de mayor impacto y transcendencia social.
Además, se establece la figura del detective en función judicial quien tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa conforme las directivas que le imparta el Agente Fiscal.
También se establece la creación de un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas que resultan imprescindibles para una investigación eficaz.
Por último, se establece un régimen escalafonario, administrativo y disciplinario enmarcados en la idoneidad y el mérito en el ejercicio de la función. La concurrencia y la publicidad son principios rectores para el acceso y designación de sus miembros. [El Teclado]