La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apelará el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que otorgó la falta de mérito y la libertad para seis exmilitares del Regimiento de Infantería I de Patricios.

La resolución de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hizo lugar a los pedidos de las defensas y revocó sus procesamientos con prisión preventiva dictados en diciembre del año pasado por el juez federal Daniel Rafecas en el marco de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército.

Los acusados integraban la plana mayor del Regimiento de Patricios, que tenía a su cargo el Área II, una de las siete áreas en las que se dividía la Subzona Capital Federal: Jorge Rubén Farinella era oficial de Personal (S1); Ramón Manuel Vega, Carlos Washington Urqueta y Héctor Sergio Mónaco eran oficiales de Inteligencia (S2). Héctor Roberto Ranfagni era oficial de Operaciones (S3) y Alfonso Agustín Reuther era oficial de Logística (S4).

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Los seis exmilitares habían sido procesados como partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad y los tormentos que sufrieron un centenar de personas que fueron secuestradas en la Ciudad de Buenos Aires. El juez de instrucción los consideró parte de la estructura que posibilitó esos crímenes como responsables de liberar el área. Además, fueron responsabilizados por su aporte al funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención y Tortura en el Regimiento de Patricios.

Los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña opinaron que resulta apresurado tener por probada la participación de los exmilitares en esos hechos, señalaron que no fueron identificados por las personas que estuvieron cautivas en ese lugar y que no es suficiente el hecho de que formaran parte de la Plana Mayor.

Ante este hecho, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifestó su preocupación, al asegurar que este fallo "garantiza la impunidad de los acusados y exige a las víctimas, quienes estuvieron secuestrados y encapuchados, que ubiquen e identifiquen a los responsables, cuando pasaron más de 47 años de esos hechos y utilizaron la clandestinidad para buscar su impunidad".

"En las numerosas causas por crímenes de lesa humanidad que se han realizado en el país, quedó demostrado que la maquinaria del Estado terrorista hizo que los cuadros intermedios y superiores estuvieran al tanto de todos los secuestros, torturas y desapariciones que se realizaban en esa jurisdicción. Eso ya forma parte de los estándares probatorios consolidados en estos juicios", agregaron.

Y finalizaron: "Las pruebas sobre la participación de estos imputados son contundentes y es necesario que los hechos investigados sean juzgados en un debate oral y público".