El presidente Alberto Fernández le pidió hoy al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que "no utilice al pueblo" de esa provincia como "banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante", y afirmó que esa administración contará con el "apoyo" del Gobierno nacional si se decide a promover un diálogo.
Desde Casa Rosada, instó "de forma definitiva" al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. "No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy", agregó.
Desde Casa Rosada, el Presidente reiteró el pedido para que el mandatario jujeño "convoque a las comunidades y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas. "Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tenernos a su lado", subrayó.
¿Ve Morales por qué no hay que mentir? No es La Cámpora, ni el kirchnerismo, ni la Vicepresidenta, ni el Presidente… Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, la que se acaba de… pic.twitter.com/1divMMnHl0
"Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy, que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la oficina regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy", enumeró.
Y cerró: "A 40 años del retorno de la Democracia es inadmisible que la violencia Estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática". [El Teclado]