El abogado Miguel Ángel Fernández Pastor solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la reciente ley y del DNU del bono compensatorio, cuya vigencia viola los artículos 14 bis; 16, 17, 28, 31 y 75 de la Constitución Nacional y de la declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre los fundamentos del amparo se citan datos de dos informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) donde estima un ahorro en 75.000 millones de pesos y la erogación por el bono del mes de marzo con un costo fiscal de 3.666 millones de pesos, por lo que el ahorro neto sería del orden de los 71.300 millones de pesos.

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— El Teclado (@ElTecladoOK) December 20, 2017

 
En efecto, la disminución del poder adquisitivo del haber de las prestaciones del conjunto de los beneficiarios representa un claro retroceso y violación del principio de progresividad previsto en los pactos internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país.

Los informes del Centro CEPA mencionados son los siguientes:

Amparo completo: CLICK AQUÍ. [El Teclado]