Vidal licitará casi 4 mil máquinas tragamonedas, cerrará salas de juego y anunciará medidas contra la ludopatía
La Provincia decidió licitar las casi 4 mil máquinas tragamonedas de los casinos de Mar del Plata, Miramar, Monte Hermoso, Pinamar, Tigre y Tandil. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, en el que se convoca a una licitación pública para el control de las 3.860 máquinas habilitadas en toda la provincia. El contrato prevé la posibilidad de prórroga por un año, según el decreto 2017-944.
En paralelo, el Ejecutivo confirmó el cierre de los casinos de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea y del bingo de Temperley, por encontrarse muy cerca de otras salas de juego de la provincia. Según publica Dib, fuentes oficiales sostuvieron que la medida se tomó "siguiendo parámetros como la optimización de los recursos humanos, el aumento de la rentabilidad y de la utilidad provincial". No obstante, aseguraron que "no se perderán fuentes de trabajo", y que alrededor de 80 personas serán reubicadas y trasladadas a casinos de hasta 40 kilómetros.
De esta forma, el número de casinos en la provincia pasará de doce a nueve: siete entran en la actual licitación, mientras que el Sasso de Mar del Plata y el de Sierra de la Ventana tienen vencimientos en 2019 y 2021, respectivamente.
Desde el Gobierno bonaerense resaltaron las medidas, al sostener que "desde que asumimos nos comprometimos a luchar contra las mafias y a avanzar sobre el juego ilegal. Pero además, nos propusimos limitar y controlar el juego legal porque no consideramos que sea algo bueno para los vecinos".
Cabe destacar que las máquinas tragamonedas de la provincia están desde 2002 bajo el control de la empresa Boldt, gracias a un contrato de exclusividad firmado en los ?90 y que fue prorrogado en reiteradas ocasiones hasta hoy.
En septiembre del año pasado el Gobierno volvió a prorrogar hasta fines de diciembre todas las concesiones vencidas, con la intención de preparar el paquete licitatorio, alegando que se trataba de un proceso complejo que iba a demorar varios meses.
El período de vigencia de la licitación será de 20 años, prorrogables, y uno de los criterios de selección pasará por quien ofrezca un mayor porcentaje de las ganancias. Actualmente, el reparto es "50 y 50", pero el Estado debe hacerse cargo de todos los gastos operativos. En el nuevo esquema solo se encargará de los sueldos de los empleados.
Además, se prevé la instalación de un sistema de control online tanto de las máquinas como de los empleados, el cual también será sometido a licitación al igual que los servicios de mantenimiento de hardware, control biométrico, limpieza, y seguridad e higiene. [El Teclado]