Los dos jóvenes que intentaron suicidarse fueron encontrados colgados, desvanecidos, lo que motivó un traslado de urgencia al hospital. Finalmente, quedaron alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 34 de adultos. En ambos casos, los jóvenes habían realizado previamente pedidos por situaciones familiares a las autoridades del Centro, las que fueron desoídas. En esos días, otros quince jóvenes se autolesionaron provocándose severos cortes en diferentes partes del cuerpo.

 

Frente a la gravedad de lo ocurrido por el riesgo de vida que implica para los jóvenes, y constatando que las autoridades del Centro no han hecho nada para abordar tareas de contención o acompañamiento, la CPM intervino solicitando que se realice un reconocimiento judicial de la situación, se convoquen peritos médicos, trabajadores sociales y psicólogos. Además, pidió que se prohíba el ingreso de nuevos jóvenes al centro hasta que no se modifiquen las condiciones de vida. En la misma presentación, la CPM volvió a exigir que se haga efectiva la separación del personal del SPB de la guardia interior en la institución.

 

Los lamentables antecedentes del centro cerrado de Virrey del Pino exigen una mirada aún más alerta por estos últimos episodios. El Centro no cuenta con un equipo técnico acorde a sus condiciones y la población que aloja. Hay una sola trabajadora social y no hay psicólogos; falta personal y los jóvenes padecen un régimen de aislamiento en sus celdas, diario y continuo, por períodos que llegan hasta 24 y 36 horas. Además, los espacios de recreación, reflexión colectiva, o trabajo sobre la responsabilidad penal son nulos. Sólo pueblan los pasillos los agentes del SPB.

 

Por esto para la CPM es crucial que la justicia intervenga, para transformar las condiciones estructurales sobre las que se asienta un régimen de vida que vulnera todos los derechos de los jóvenes allí alojados.

 

Resulta imperioso que las autoridades actúen con celeridad para garantizar la integridad física de los jóvenes que todavía permanecen allí alojados y con quienes las autoridades del Centro no han propuesto, hasta el día de hoy, ningún trabajo de contención sobre los acontecimientos ocurrido en diciembre.

 

Como se ha denunciado en reiteradas oportunidades, el régimen de vida en este Centro se ha ido agravando a partir del corrimiento del Organismo de Niñez bonaerense y el traspaso del control al Servicio Penitenciario Bonaerense, primero de la seguridad exterior y en la actualidad del funcionamiento interno, provocando la carcelización del establecimiento. Los dispositivos y abordajes específicos de un centro de jóvenes se han desarticulado, y se ha dado paso a lógicas de gobierno y prácticas de una cárcel de adultos, lo que vulnera todos los principios y garantías establecidos por las leyes para la promoción y protección de derechos de niñas, niños y jóvenes. [El Teclado]