El escenario de competencia electoral se inscribe en la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Recordemos que desde 1930 la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política del país impidió la consolidación de una democracia plena y el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mayorías.

Esa sombría trayectoria permite valorar lo conseguido en estos 40 años, donde pudo sostenerse la institucionalidad de la democracia y el libre ejercicio de la soberanía política del pueblo. Hubo, sin dudas, grandes avances en materia de derechos.

Sin embargo, esta democracia es asolada por muchos peligros y enfrenta grandes desafíos. No basta con elegir periódicamente a los representantes del pueblo para pensar que la democracia está definitivamente consolidada o que sólo el acto de votar otorga el status pleno de ciudadanos y ciudadanas que ejercen sus derechos.  

Grandes deudas persisten en estos 40 años: la enorme brecha de la desigualdad social y económica fue producto de las políticas neoliberales que se llevaron adelante en los distintos ciclos que endeudaron a nuestro país. La desigualdad ensancha las diferencias sociales y activa el desencuentro con el otro. La pobreza estructural y persistente condena a millones de personas a vidas indignas. La falta de oportunidades colectivas promueve el individualismo de unos contra otros, aunque las experiencias heroicas de la solidaridad en los territorios resisten esta tendencia y sostienen la esperanza. La práctica sistemática de la tortura en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios, en clave de gobierno de las poblaciones excluidas, se han constituido como políticas transversales a los gobiernos que deben ser modificadas. La justicia debe dejar de estar al servicio de los más poderosos para servir como garantía de protección de los derechos de los más desprotegidos.

Este desasosiego colectivo y la falta de proyectos claros de garantía de derechos de las grandes mayorías llevan al descontento y al resentimiento con la propia democracia. Son el caldo de cultivo de la emergencia de expresiones políticas autoritarias y fascistas, que pretenden tirar por la borda todas las conquistas de estos 40 años.

Con su discurso anti derechos y su pretensión de negar y relativizar los crímenes contra la humanidad ocurridos en el pasado reciente, pretenden construir un nuevo sentido de la política. Y si bien participan dentro del sistema democrático, lo atacan con violencia presentándose como algo novedoso y diferente. Pero no, no es novedosa la violencia en la política argentina, ni las ideas y voces que las habilitan. Los procesos autoritarios se consolidaron sobre estos discursos. Y quienes los enuncian reclaman degradar o quitar los derechos de los trabajadores, achicar el estado social que garantiza derechos, pero piden ampliar el estado penal para controlar la desigualdad que ellos generan y proteger sus ganancias. 

Al mismo tiempo reaccionan violentamente contra los feminismos y la defensa de las víctimas de la violencia del estado en el presente, reforzando el discurso de la mano dura contra las garantías constitucionales. Niegan los daños ocasionados por las grandes empresas extractivistas y de otros rubros que contaminan y destruyen el planeta. Estamos ante un encrucijada que pone en riesgo la integridad territorial de la Argentina, donde se plantea un modelo de entrega de los bienes naturales, la extranjerización de las empresas estratégicas y el alejamiento de todo reclamo de la presencia colonial en los territorios usurpados en nuestra plataforma continental.

Sostienen discursos que estigmatizan, degradan y violentan. Estos discursos y mensajes que no son solamente de una fuerza política, proliferan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos periodistas los sostienen, reproducen y alientan. En estos ámbitos se encuentran muy pocos debates de ideas y argumentos fundados, y sí muchos monólogos irracionales y violentos.

Es altamente peligroso frente al desaliento, pensar en ganar votos alentando odios, divisiones y enfrentamientos. La democracia es lo contrario de la guerra. Sus contiendas deben desplegarse en el marco del respeto, la promoción de la paz y la solidaridad. Los derechos humanos son la base y el horizonte de cualquier sociedad que busca el bienestar de las grandes mayorías.

Es necesario recomponer el debate político, centrarlo en los marcos de una democracia inscripta en el pleno respeto de los derechos humanos. Recuperar su significado más profundo es la tarea del momento, escuchando las demandas del pueblo, de las múltiples insatisfacciones frente a la experiencia de vivir desgarrados por la desigualdad, rescatando la política como la herramienta para transformar la sociedad y puesta al servicio de los que padecen no acceder a los derechos básicos y la resignación de no vislumbrar un futuro mejor.

A 40 años del fin de la última dictadura militar e iluminados por la larga historia de luchas del pueblo argentino, debemos encarar esta tarea para salvar la democracia, no solo de sus posibles verdugos sino también de la inacción de los gobiernos y partidos que no han logrado reconstruir la utopía por una sociedad mejor.

En este contexto, y de cara a las opciones electorales sobre las que habrá que elegir el 19 de noviembre, expresamos desde la CPM que el voto a Libertad Avanza, a la fórmula Milei-Villarruel, es convalidar a través del sufragio una proyecto anti derechos, anti democrático y de un claro contenido autoritario y fascista que actualiza el proyecto abyecto, inhumano, de exclusión y de extrema violencia de la última dictadura cívico militar. No es cierto que sean “lo nuevo” dentro de la política, son las mismas ideas autoritarias sostenidas por los mismos grupos de poder, que se disfrazan para volver a instalar las políticas neoliberales que tanto dañaron nuestro país.

El 19 de de noviembre tenemos el deber de salvar la democracia y seguir trabajando para profundizarla y mejorarla, PORQUE NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD Y NO HAY LIBERTAD SIN IGUALDAD.

Autoridades de la CPM: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora Barrancos (presidenta), Ana Barletta (vicepresidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Roberto Cipriano García (secretario), Guillermo Torremare (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Ana María Soffiantini (pro-tesorera), Susana Méndez, Víctor Mendibil, María Sonderéguer, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Laura Ginsberg y Gonzalo Conte. Directora General Sandra Raggio.