La transparencia y la responsabilidad en las cuentas municipales, y la necesidad de sanear y equilibrar las mismas, lejos de tratarse de un asunto meramente técnico, resultan indispensables para contar con servicios públicos eficientes, cumplir con las obligaciones propias de la administración pública y evitar desmanejos que afecten la vida de los ciudadanos.

A fines del año pasado en la Legislatura provincial aprobamos importantes modificaciones al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal que resultan fundamentales para lograr un equilibrio duradero en las finanzas que permita el correcto funcionamiento municipal en general.

Es así que se establece, entre varias pautas técnicas, que los municipios que adhieran no podrán incrementar su gasto corriente más allá de la variación del Índice de Precios al Consumidor ni aumentar el gasto corriente con carácter permanente durante los últimos seis meses del mandato del Intendente, ni disponer a título gratuito u oneroso de activos fijos del municipio.

Simultáneamente, los municipios que adhieran se comprometen a no incrementar la relación de los cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria o contratada) respecto a la población, salvo excepciones muy específicas, y a mantener el nivel de endeudamiento de manera que los pagos no excedan el 10 % de los recursos corrientes.

Por otro lado, los municipios que no adhieran a la ley no podrán acceder a endeudamiento ni recibir ayuda financiera.

La adhesión al pacto fiscal garantizará un acceso efectivo a la información pública y promoverá la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, ya que los municipios que adhieran deberán publicar en sus páginas webs información presupuestaria anual, plurianual y trimestral de ejecución.

El seguimiento de los parámetros de la ley permitirá contener el excesivo gasto público que viene generando un desmedido déficit fiscal desde hace años en muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires y que tanto afectan hoy la administración de sus recursos.

Otro aspecto crucial previsto por la ley aprobada es el compromiso de la Provincia y los municipios de acordar políticas para bajar tributos a la producción en general y en particular coordinar con otras jurisdicciones las alícuotas y bases imponibles aplicables, especialmente en las denominadas Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por Alumbrado, Barrido y Limpieza, Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y otras equivalentes.

La necesidad de reducir, armonizar y simplificar tributos a la producción es trascendental para el crecimiento económico del país en general y de las ciudades en particular, y constituye una política sobre la cual no nos cansaremos de insistir.

A la fecha han adherido al régimen casi cien municipios, lo que equivale a un 70 % del total de los partidos de la Provincia de Buenos Aires. Creemos que el resto debe aprobar cuanto antes la adhesión para acompañar así el proceso de restauración institucional y económico que en nuestra provincia impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal como parte del programa acordado por veintitrés gobernadores del país en el Consenso Fiscal liderado por el Presidente Macri.

[*] Guillermo Castello es diputado provincial de la Coalición Cívica dentro de Cambiemos.