El Centro de Economía Política Argentina realizó un informe donde analiza los despidos en el Estado durante los últimos meses de diciembre y enero. Según la asociación, en último mes de 2017 los despidos del sector público alcanzaron los 1.904 casos, indicando que “los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires”.

El estudio detalla que los despidos en organismos descentralizados alcanzan los 654 casos, 557 casos en lo referido a la Administración Publica Nacional, repartido entre distintos Ministerios y finalmente, 564 casos de despidos provinciales, que se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Bs. As.

“El mes de enero no mostró un comportamiento distinto. Al contrario: la proliferación de despidos y cesantías continuó con más fuerza, como en los casos del INTI y del SENASA, las cesantías del Hospital Posadas, los despidos en YCRT, y los despidos en las orquestas bonaerenses, entre otros”, explica el informe.

Según el CEPA, el objetivo del Gobierno es “ajustar el gasto público y en particular despedir trabajadores”. El estudia explica que, como suele hacer este gobierno, una medida “antipopular” es solapada bajo otra que pretende ocultar lo que verdaderamente está ocurriendo. En este caso, la excusa es el “recorte de “la política”, es decir, de los cargos jerárquicos, lo que para el Gobierno implicaría una reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional.

Un buen ejemplo de esta estrategia ha sido el caso donde, en el mes de diciembre y en relación al debate público sobre las jubilaciones, el Gobierno repitió que reduciría los montos de las jubilaciones “de privilegio” pero nunca propuso esa reforma (que afecta esencialmente a diplomáticos y poder judicial) sino que intentó avanzar con la edad jubilatoria de los docente. Según el CEPA, por estos días “el verdadero botín es la reducción sistemática de personal con el objetivo de lograr “dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo”, lo que implica “la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones” . [El Teclado]

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