Pablo Garate [Foto: El Teclado]

Finalmente, el gobierno de Javier Milei propuso eliminar la denominada Ley de zona fría, que en caso de ser aprobada, significa un encarecimiento entre el 30% y el 50% de las facturas de gas en más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires. 

La medida fue agregada en la nueva versión de la Ley Ómnibus presentada esta mañana en el Congreso, que busca derogar la Ley 27.637 de ampliación de la Zona Fría que beneficiaba a más de 1.240.000 hogares en el territorio bonaerense y alrededor de 4 millones en todo el país.

En diálogo con El Teclado, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, uno de los afectados si la derogación avanza, expresó que “si se termina de implementar van a venir facturas exorbitantes a los vecinos de nuestros distritos, y eso va a tener un impacto enorme porque, en definitiva, se nos saca el beneficio y se liberan las tarifas”.

Asimismo, remarcó que la medida afecta a muchos distritos del sur de la provincia de Buenos Aires, se trata de “más de un millón doscientos mil hogares”. “Tenemos condiciones climáticas que muestran que vamos a tener siempre un gasto del 94% más de gas que en otros lugares del país, esto se va a resentir muchísimo entre la gente”.

Cabe recordar, que Garate días atrás envió una carta a las y los legisladores de la provincia de Buenos Aires, solicitando la defensa de la zona fría: “Siento que en este caso no es una cuestión de política, es una conquista del sur de la Provincia de Buenos Aires que no la podemos perder”.

“En este sentido, me parece que los legisladores que representan a la Provincia de Buenos Aires en general deben ser consecuentes, deben ser comprometidos y deben plantear esta situación claramente a los efectos de que no pase esto, que en realidad tiene ciertas particularidades, esto no genera déficit de ninguna manera, no genera costo para el Estado en absoluto porque es un fideicomiso”.

Con respecto a los aumentos que generaría la medida, Garate aseguró que “el otro día estuvo alguien que conoce y decía que en momentos de pico de consumo, sin todos estos beneficios y con los precios que están planteando, en algunos casos se dijo que la factura podía ser de un millón de pesos o de 700 mil pesos, con lo cual efectivamente es una factura exorbitante”. 

Y agregó: “Esa situación no podría ser aplicada porque la Corte Suprema tiene un fallo que establece que las tarifas no pueden ser confiscatorias, es decir, que las tarifas tienen que tener de alguna manera un acompañamiento con lo que la gente puede pagar”.

Al ser consultado por si podrían presentarse en la Justicia, Garate explicó que “siempre se puede ir a la justicia o intentar hacer un planteo judicial, lo único que nosotros le estamos pidiendo a los legisladores es que si no se vota en la ley, la realidad es que efectivamente no tenemos que hacer ninguna otra cuestión, porque acá hay que pensar una cuestión muy importante, esto es una ley, con lo cual el mal uso de sus facultades, diría yo, el Ejecutivo deroga la ley a través de la mayoría de los legisladores que la voten, entonces no es tan fácil la aplicación de la justicia cuando uno deroga la ley por el camino que corresponde”.

“Acá hay una cuestión mucho más profunda que la cuestión legal, que la cuestión de la justicia en términos de la justicia tarifaria, para decirlo de alguna manera: no podemos tener tarifas que la gente no pueda pagar, y entonces a partir de esa situación se verán los caminos que hay que tomar”, concluyó Pablo Garate.  [El Teclado]