Por Pablo Maciel 

Presidente de CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires)

Es cierto que la salud viene sufriendo una crisis muy profunda en la que cada vez es más difícil el acceso a la atención médica, a los métodos diagnósticos y a los tratamientos. Al mismo tiempo, la calidad de vida de los profesionales de la salud ha empeorado en las últimas décadas por los bajos sueldos y la precarización laboral; y, por consiguiente, también la calidad de atención que recibe la población.

Se supone que gobernar es mejorar la calidad de vida de las personas. Cualquier gobernante debería tener el sentido común y la sensibilidad como para entender que las personas que padecen graves problemas de salud deberían recibir una mayor consideración. Esto implica establecer un Sistema de Salud solidario, en donde los ciudadanos reciban prestaciones en función de sus necesidades y no en función de su poder adquisitivo. 

Aunque la realidad dista mucho de esta ecuación, este principio solidario es un pilar del Sistema de Salud argentino por el cual debemos seguir luchando en la perspectiva de una sociedad más sana y humanizada. 

La nueva lógica de libre mercado significa para millones de argentinos sencillamente la muerte. La brutal transferencia de recursos hacia la industria farmacéutica, con la liberación de precios de medicamentos en estos últimos dos meses, ya tuvo su impacto sanitario, forzando a miles de pacientes a discontinuar sus tratamientos. Lamentablemente, eso conlleva a la evolución natural de las enfermedades oncológicas o autoinmunes, solo por nombrar las más dramáticas. 

A este delicado panorama, hay que sumarle la última decisión del Gobierno Nacional respecto a la desregulación de las obras sociales sindicales (OOSS) que rompe el principio solidario del sistema de seguridad social (que actualmente da cobertura al 70% de la población). Y lo hace, en momentos en que la pobreza trepó al 57% y se espera un porcentaje mayor para el mes de marzo. 

Esta medida -además de ser una “remake” de la década del 90´- es una resolución criminal cargada de revanchismo contra las organizaciones sindicales y sus trabajadores. Únicamente, se beneficiarán las grandes prepagas reclutando a los trabajadores de mayores salarios que -además- deberán pagar la diferencia. La mayoría de las Obras Sociales y sus prestadores profundizarán su crisis actual y el Sistema Público -ya saturado- recibirá una demanda cada vez mayor. 

Al presente, todas las disposiciones que se vienen tomando son en contra de los ciudadanos, que trabajan todos los días para subsistir, licuando los ingresos a niveles nunca vistos. El gobierno de valientes libertarios, por ahora, solo arremetió contra los trabajadores, en especial los jubilados y los enfermos. 

Quizás estemos viviendo uno de los mayores engaños de la historia contemporánea, en el cual, una vez más, el poder real y sus medios de comunicación hayan triunfado en la conducción del sentido común. Pero, como dice el dicho popular, la mentira tiene patas cortas…Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo.