En medio del temporal que azota a la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley para crear la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, que tiene como objetivo solventar la realización de obras pluviales en el sur del Conurbano provincial. 

Bajo la vigilancia de los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Mayra Mendoza (Quilmes) desde los palcos, la Cámara baja aprobó el proyecto, luego de llegar a un acuerdo en las modificaciones propuestas por los bloques del PRO y la UCR.

En este sentido, se acordó que los cargos del directorio sean ad honorem y que la conducción esté conformada por 3 miembros propuestos por el Ejecutivo y 4 representantes de los intendentes. Asimismo, se creará una bicameral para controlar la ejecución de las obras. 

Con este proyecto, se espera que mejoren la calidad de vida de 1.100.000 personas radicadas en los partidos de Presidente Perón, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda.    

El proyecto tuvo el voto positivo de Unión por la Patria, el PRO, la UCR+Cambio Federal, la Coalición Cívica, Acuerdo Cívico UCR+GEN y el bloque de la Libertad por Siempre.

En este sentido, el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, dijo que “esta ley es una expresión de deseos que se empieza a hacer realidad para un montón de bonaerenses que viven en esta cuenca y que van a poder encontrar soluciones a partir de esta sanción que estamos realizando”.

Asimismo, su compañera de banca, Berenice Latorre de Caro, expresó que “el proyecto lo tenemos, el plan de obra lo tenemos, y hay un comité que viene discutiendo y que por primera vez tiene una planificación de acá hacia el futuro”. 

En este marco, la legisladora resaltó obras hidráulicas claves en distintos municipios, que “no son obras que solamente la provincia de Buenos Aires, ni hablar los municipios con fondos que propios puedan afrontar, no solamente porque no cuentan con esos fondos para obras de tal envergadura sino porque estamos ante un recorte de fondos coparticipables y de transferencias por parte del Gobierno nacional y porque de manera irresponsable nuevamente hay una convocatoria a una suerte de rebelión fiscal contra la provincia de Buenos Aires y esto también se ve agravado por la innegable crisis climática en la que nos encontramos inmersos”. 

“Este proyecto lo que hace es darle capacidad jurídica, darle la herramienta a los intendentes para que puedan ir a buscar el financiamiento que necesitamos para hacer estas obras que son necesarias y que nuestros vecinos y vecinas están esperando”, resaltó Latorre de Caro.

Desde el bloque del PRO, el exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, celebró que el “Gobierno provincial hoy con este proyecto advierta la necesidad del funcionamiento de este comité porque eso se traduce en que se reconoce esta problemática”. 

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Sobre el proyecto, el diputado del PRO se refirió a las modificaciones propuestas desde su espacio y fundamentó que el objetivo “era ni más ni menos que para garantizar el normal funcionamiento y brindarle tranquilidad a los bonaerenses de que sus recursos serán bien utilizados, bien cuidados y las obras tan esperadas serán realizadas”.

Por su parte, la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, aseguró que con esta ley, “vamos a ubicar como política de Estado a una cuenca que realmente necesita una solución estructural para esta problemática. Y esa solución es darle un marco jurídico en el cual tenga que ver con lo que es la potestad de lo público y lo privado, que tenga el poder de policía para controlar las obras que se van a hacer, y que tenga la facultad de acceder a créditos internacionales los que se utilizan para este tipo de obras”. 

Asimismo, el diputado del bloque de la Libertad por Siempre, Gustavo Cuervo, se diferenció del resto de lo libertarios y alegó a que “hay determinadas actividades que el Estado podría dejar de ocupar sin que ello deje de ser cumplido por la mano del privado y entender que hay determinadas actividades que necesariamente van a tener que ser ocupadas por el Estado”. 

En este sentido, aseguró que en el caso de este proyecto en participar el Estado se tiene que ocupar: “No hay duda, son obras que son necesarias y que además son urgentes, no pueden ser postergadas, con lo cual no tenemos duda que allí el Estado debe estar presente”. 

EL VOTO NEGATIVO Y LA CAJITA FELIZ

La iniciativa fue cuestionada por los bloques de La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y el unibloque Libre que presidente Guillermo Castello, quien llevó una “Cajita Feliz”, de la reconocida cadena de comidas rápidas para aludir a la aprobación de una “nueva caja para intendentes oficialistas”.

“Van a empezar a manejar de un día para otro enormes, cuantiosos recursos económicos, pero que va a ser muy feliz para el resto de los 17 millones de bonaerenses que son, en definitiva, los que van a terminar pagando la cuenta”, acusó Castello.  

“El proyecto tiene todas las características de una agencia de empleo público, concretamente, un refugio de cargos políticos que duplica la estructura que ya tiene la provincia, y que ya se ocupan del problema de los recursos hídricos”. 

Asimismo, el diputado Castello apuntó contra los bloques que apoyaron la medida: “La oposición, parte de la oposición, en su despacho, pretende hacer más eficiente y más transparente lo que a todas luces, señor Presidente, es una caja política, es un botín, compañeros, esto es un kiosco”. 

Por su parte, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, apuntó a la gestión de Axel Kicillof: “No hay un presupuesto determinado, no hay un plan, no hay absolutamente nada. Después dicen que el 80% se va a destinar para obras y el 20% para la estructura. Ahora, ¿el 80% de cuánto? ¿El 20% de cuánto?, porque tampoco hay ni siquiera una guía”.

“No sabemos absolutamente nada. En esta legislatura ahora se está por votar un proyecto que básicamente es una expresión de deseo. No hay ningún plan”, concluyó.

Por último, desde la izquierda plantearon que en un contexto de crisis climática “no hay ningún plan de obras en concreto” y que este proyecto “lo único que hace es volver a colocar a los mismos intendentes y al Gobierno provincial que no han hecho las obras a lo largo de muchos años y que llevan nuevamente esta situación a cargo de un nuevo comité para pedir más deuda a la provincia”, explicó el diputado Guillermo Kane. 

Por su parte, su compañera de banca, Laura Cano, denunció que el proyecto “es insuficiente” porque “no convoca a las organizaciones sociales y de la comunidad a su gestión, a su control, no cuestiona la especulación inmobiliaria que queremos cuestionar”.

“Este proyecto contempla la toma de deuda para estas obras sin afectar ni un peso las ganancias de los grandes empresarios”, concluyó la diputada Cano. [El Teclado]