En medio de la crisis que atraviesa el sector del transporte de colectivos ante el ahogo financiero del Gobierno nacional y el reclamo de aumentos salariales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires les tiró un centro a las Cámaras empresariales y definió suspender la obligatoriedad de la instalación de cámaras de seguridad en las unidades. 

A través de la Resolución 88, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte bonaerense definió suspender por 180 días la instalación de cámaras de seguridad en los micros, debido a la “crisis económica y financiera” y por la “existencia de limitaciones en la disponibilidad de los equipos”.

Cabe recordar que en junio del año pasado, el ministerio de Transporte determinó que las unidades automotoras que se incorporen para ser afectadas a los servicios de transporte público de pasajeros de línea regular deberán contar con equipo de cámaras de seguridad, lo que deberá ser constatado por la Verificación Técnica Vehicular (VTV). 

Si bien se trata de una Ley del 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal, la norma nunca se había implementado. Fue el año pasado, cuando el asesinato del chofer Daniel Barrientos en La Matanza, lo que generó que el Gobierno de Kicillof definiera con las Cámaras de Transporte y la UTA la colocación de cámaras de seguridad. 

A partir de la nueva resolución, las empresas tendrán 6 meses para instalar cámaras de seguridad. 

PARO DE COLECTIVOS

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encuentra en estado de alerta, luego de no llegar a un acuerdo de aumento salarial con las empresas de transporte, en medio del conflicto con el Gobierno nacional por los subsidios. 

Desde el gremio exigen un salario básico con un incremento del 34%, lo que se llegaría a un básico de $987.000. En este marco, las empresas aseguraron que sólo pueden pagar $737.000: “Las empresas reciben subsidios con un cálculo basado en 737.000 pesos, pero UTA reclama en base a dicha cláusula 987.000 pesos. La diferencia (250.000) son cerca de 12.500 millones de pesos que faltan. Entonces las empresas no pueden honrar un monto, ni aunque jurídicamente sea válido, ya que al no fijar tarifa ni subsidios, la Secretaría de Transporte no aporto dicho valor al cálculo de costos. Ergo falta ese dinero”, explicaron desde AAETA.

Durante esta jornada, la UTA realizará una asamblea para definir un paro que afectaría al AMBA y a CABA. [El Teclado]