Representantes de más de cien organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones políticas, sociales y sindicales, reclaman a las y los Senadores de la Nación que rechacen totalmente la Ley Bases propuesta por el Gobierno Nacional. 

“Una ley regresiva en materia ambiental, cuya implementación puede provocar daños irreparables en nuestro ambiente”, sostienen en una carta dirigida a los senadores nacionales que evalúan votar a favor de la ley o que aún no definieron su voto. 

Las organizaciones y colectivos ambientalistas manifestaron su preocupación por la defensa del derecho a un ambiente sano y la conservación de los bienes comunes naturales. Alertan que el Proyecto de Ley de Bases, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, “constituye la legitimación legislativa del proyecto de desregulación económica, política y ambiental más importante de la historia de nuestro país”. 

Señalan además, que “la eliminación del capítulo ambiental, respecto de las primeras versiones de la Ley, no aminora el gran retroceso en materia de legislación ambiental que se propone en esta nueva versión”. 

El punto central que destacan es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que modifica la regulación tributaria para que empresas transnacionales puedan explotar bienes claves de nuestra economía sin la obligación de generar trabajo local, usar maquinaria argentina o pasar por evaluaciones de impacto ambiental. Manifiestan que con este proyecto se promueve la re-primarización de nuestra producción que, junto a un aumento de las actividades extractivas y la ausencia total del Estado, “componen una fórmula perfecta para volver a dinámicas coloniales”.

Además, entre los aspectos que mencionan se encuentra el debilitamiento del federalismo con los artículos que impiden que gobiernos provinciales presenten cualquier tipo de obstáculo a empresas extranjeras; la disolución de los fondos fiduciarios destinados a la protección ambiental como la Ley de Bosques o el Fondo de Manejo del Fuego; y el desincentivo de los canales de participación ciudadana, contrariando normas nacionales y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú. 

Por otro lado, quienes adhieren marcan la preocupación por el capítulo de las privatizaciones, que pone en jaque empresas estratégicas para la constitución y defensa de la soberanía nacional y organismos claves para cuidado de nuestro ambiente como la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) o el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por todo esto, las más de 100 organizaciones firmantes piden a Senadores y Senadoras de la Nación rechazar totalmente el proyecto de Ley como “demostración de un verdadero compromiso por los intereses del pueblo argentino”.