El juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, solicitó el pedido de desafuero de la senadora provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Fluvial Delmonte, en la causa por “defraudación contra la administración pública”.

En este marco, el fiscal de la causa argumentó que existen pruebas suficientes que vinculan a la legisladora con la malversación de fondos. En la causa también están implicados su asesor Kevin Alan Razimoff y el empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. En la investigación se detalla que ambos registraban “ñoquis” y se quedaban con una parte del “botín” que cobraban en concepto de haberes.

El pedido ahora deberá ser evaluado por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, Delmonte negó los hechos y ninguno de sus pares se refirieron al tema. Según la senadora, se trata de una maniobra de desprestigio y aseguró que está dispuesta a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia. De ser aprobado el desafuero, la senadora perdería su inmunidad parlamentaria y podría ser formalmente procesada en la causa que investiga la justicia. 

Cabe recordar que la senadora Flavia Delmonte fue denunciada por su excuñada Tamara Yanina, por “defraudación contra la administración pública”.

El fiscal de la causa, Mario Rafael Pérez, de la UFIJ 4 de Dolores, sostuvo que “entre los meses de febrero de 2019 y al menos hasta diciembre de 2020”, la senadora provincial Flavia Delmonte, en forma conjunta y coordinada con su asesor Kevin Alan Razimoff y con el empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, “desplegaron maniobras tendientes perjudicar a la Administración Pública Provincial, consistente en hacer incorporar como empleados administrativos al Senado Provincial a personas que no cumplían sus funciones”.

Entre ellos se encuentra un maestro mayor de obras de Mar del Tuyú, una comerciante de Pinamar, una vecina de Punta Lara, un abogado de Mar de Ajó y la concejal de Mar del Plata Marianela Romero.

Estas personas, acusa el fiscal Pérez, “fueron designadas a cambio de resignar parte de sus haberes en favor de los dos últimos mencionados, realizando o permitiendo realizar transferencias de dinero en favor de aquellos, quienes obtuvieron de esta manera un beneficio patrimonial indebido, con perjuicio para las arcas de la administración Pública de la Provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, y luego de tres meses, la Justicia solicitó el desafuero de la senadora. [El Teclado]