El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió ayer a la Legislatura un proyecto para crear la Ley de Góndolas bonaerense, ante la decisión del presidente Javier Milei de derogar la Ley Nacional de Góndolas 27.545.
A mediados de febrero de este año, el gobernador realizó un encuentro con las PyMes que participan del programa “Producción bonaerense”, con el objetivo de analizar el impacto de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.
Allí, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, anticipó la creación de una Mesa de Trabajo para analizar la posibilidad de replicar una Ley de Góndolas a nivel provincial. Hoy el proyecto ya es un hecho.
La iniciativa tiene como finalidad “fomentar la competencia en góndolas bonaerenses, que tendrá como objetivo la promoción y el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la provincia de Buenos Aires, potenciar su crecimiento y brindar un marco normativo que garantice la venta de los productos regionales mediante un sistema equitativo de comercialización”.
La medida ingresó por la Cámara de Senadores que preside Verónica Magario, y tiene por objetivos:
Asimismo, el proyecto establece que “esta ley será aplicable respecto de la comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal, de limpieza del hogar y textiles. La presente enumeración no es taxativa, y deberán cumplirla todos los establecimientos con asiento en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto también buscará crear un registro de “Producción Bonaerense”, que estará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que encabeza Augusto Costa.
En los considerandos de la iniciativa, se resalta que “en este estado de situación resulta necesario que el Estado Provincial asuma la responsabilidad de defender el trabajo y progreso de las y los bonaerenses, restableciendo en el orden local un régimen legal que hasta su derogación venía generando un beneficio a la . economía bonaerense, indispensable en el contexto actual”.
“La intervención del Estado en el comercio de bienes de consumo masivo y esenciales, a través del establecimiento de reglas claras y justas, promueve que más productores puedan crecer y generar una mayor oferta de productos que le permita a las y los consumidores acceder a mayor variedad y a mejores precios”.
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