Astiz fue condenado tras un juicio justo por crímenes de lesa humanidad.

La Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal. Días atrás Benedit promovió una visita, junto a otros diputados de su mismo bloque, a genocidas que se encuentran detenidos en el penal de Ezeiza y están condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Luego de esa visita, Benedit realizó una serie de declaraciones, que se hicieron públicas a través de redes sociales, en las que llamó a los represores “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista” e intentó negar los crímenes cometidos. La CPM considera que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de “apología del crimen” y deben investigarse y juzgarse pues son una afrenta a la democracia. 

La semana pasada el diputado nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos, Beltrán Benedit, encabezó junto a otros cinco diputados de su mismo bloque, una visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Junto a Benedit, junto a Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro, se reunieron con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Raúl Guglielminetti, Carlos Suarez Mason, Gerardo Arraez, Honorio Martinez Ruiz, Agustin Oyarzabal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Muguel Angel Britos, Adolfo Donda y Antonio Pernias entre otros condenados por crímenes de lesa humanidad.

Tras el encuentro, Benedit envió un mensaje de whatsapp que se viralizó en redes sociales en el que expresó: “Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”. Además, en la captura de pantalla publicada textualmente se puede leer: “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.

En otro momento del mensaje publicado agrega: “¿Les duele la visita humanitaria? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas? Sí. ¿El Presidente combate en la política esta ideología? Sí. ¿Cuál es su última guarida? ¿El Poder Judicial? Sí. ¿Los vamos a combatir? Sí. ¿Cómo? Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa. ¿Cómo? En el Consejo de la Magistratura”.

Del análisis del mensaje y los dichos posteriores de Bendit se desprende que defiende abiertamente a los represores que visitó en Ezeiza y su accionar probadamente delictivo durante la última dictadura militar.

Estos hechos resultan aún más graves ya que en dicho mensaje se incorpora al presidente de la nación, Javier Milei, como una figura que avala y apoya el negacionismo frente a crímenes que implican gravísimas violaciones a los derechos humanos y que continúan perpetuándose al no conocerse el destino de quienes siguen desaparecidos.

Como todas estas manifestaciones fueron realizadas de manera pública en una red social de alcance masivo, la CPM considera en su presentación judicial que existió un interés del diputado para que sus ideas fueran difundidas ampliamente y conocidas por la mayor cantidad posible de personas. Es decir que hubo una clara intencionalidad para que este posicionamiento político ideológico que defiende a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad tuviera consecuencias sociales.

Por todo esto, la CPM considera que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de “apología del crimen” y así deben investigarse y juzgarse, ya que el Estado tiene la obligación no sólo de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad sino también de sancionar penalmente cuando un funcionario público (o cualquier persona) incurre en una actitud de evidente apología de este tipo de delitos que afectan a la sociedad toda.

La deliberada intención de difundir de manera masiva estas ideas reivindica la metodología usada por los genocidas en su plan sistemático de exterminio basada en la desaparición forzada de personas, el asesinato, la tortura, el abuso sexual y la apropiación de niños y niñas. Pero además constituye una ofensa para el conjunto de la sociedad y de todos aquellos que tenemos plena conciencia de las graves vulneraciones a los derechos humanos que fueron cometidas tanto en nuestro país como en el mundo y han enlutado la conciencia de la humanidad.