La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentará hoy, por séptima vez, su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en un contexto favorable para que sea tratado: el 30 por ciento de los diputados está a favor, el 30 en contra y un 40 por ciento todavía no se ha definido.

La propuesta llega al Congreso con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político, el número de firmantes más alto desde que se presentó por primera vez en 2008. Aquella vez tuvo 22 firmas. En 2014, llegó a tener 70 pero se juntaron a lo largo de varios meses. Ahora, en pocos días. En 2016, ingresó con 34 firmas.

“Como el tema se puso en la agenda, se están definiendo legisladores todos los días”, contó a Página 12 una de las responsables de recolectar las firmas entre los despachos de la cámara Baja desde hace una década. Los sondeos de opinión conocidos el fin de semana muestran un mayoritario apoyo de la población al proyecto, un dato que debería tener eco en el Congreso, sostienen desde la Campaña.

La mayoría de los firmantes pertenece al FpV; hay 14 de la UCR, 5 del PRO (cuatro varones y una mujer), tres de la fuerza que lidera Martín Lousteau –él mismo firmó–; otros tres del Frente de Izquierda. Las bancadas más reticentes, por el momento, son las del Justicialismo –apenas 1 sola diputada– y la que responde a Sergio Massa –solo dos firmas–.

“Lo apoyo porque estoy en contra de los abortos clandestinos”, dijo la diputada Victoria Donda, del monobloque Libres del Sur, una de las cuatro legisladoras que encabezan con su firma la iniciativa. Las otras tres son Mónica Macha, del Fpv, Brenda Austin, de la UCR, y Romina del Pla, del Frente de Izquierda. La diversidad de bancadas busca mostrar la transversalidad de apoyos al proyecto. “Hay muchas razones para apoyarlo. La primera y principal –señaló a este diario Austin– es que es un tema de salud pública. Sigue siendo el aborto inseguro la principal causa de muerte materna individual desde 1980. Y es una cifra que está atravesada por una cuestión de clase social. En provincias como Formosa una mujer tiene 8 veces más riesgo de morir por un aborto inseguro que en la ciudad de Buenos Aires. La criminalización y penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan embarazos sino que las empuja a la clandestinidad. El Estado debe garantizar la educación sexual integral, anticonceptivos gratuitos y cuando los métodos fallan, el acceso a un aborto seguro. Hay que romper mitos: al aborto legal no se le antepone el derecho a la vida, sino el aborto ilegal, clandestino, que mata”, dijo Austin.

Para Macha una razón fundamental para reformar la ley es “garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, destacó en diálogo con este diario. La dirigente del PO, Romina del Pla consideró que hay que “instalar el debate real que no es aborto sí, aborto no, sino cuáles son las consecuencias de la clandestinidad”.

Del PRO, lo acompañan Juan Carlos Villalonga, Samanta Acerenza, Marcelo Wechsler y Sergio Wisky –los cuatro ya lo habían firmado en 2016– y además, Daniel Lipovetzky, quien podría ser un aliado estratégico si, como se presume, vuelve a presidir la comisión de Legislación General, por donde seguramente tendrá que discutirse el proyecto. En la Campaña esperan que esa sea la comisión cabecera, por el buen diálogo con Lipovetzky. También será girado a Salud, que podría estar encabezada por Carmen Polledo, también del PRO, cuya posición es sinuosa: no quiso firmarlo, pero cuando fue diputada porteña apoyó la aprobación del protocolo de atención de los abortos no punibles, que respetaba el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación, que después terminó siendo vetado por Macri, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad. Otra comisión por la que pasará es la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que seguiría bajo la conducción de la radical jujeña Alejandra Martínez, firmante del proyecto. [El Teclado]