La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dejó en la puerta del juicio oral a un ex-gerente de la empresa Molinos Río de La Plata durante la dictadura. Se trata de Emilio Parodi a quien se lo acusa de participar en los secuestros de trabajadores de la empresa ubicada en Avellaneda.

El pasado 4 de septiembre, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los Dres. Carlos Alberto Vallefin y Roberto Agustín Lemos Arias, confirmó el procesamiento del jefe de personal de Molinos Río de La Plata durante la dictadura, Emilio Parodi.

Es por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenaza en perjuicio de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta. Delitos que fueron calificados como de lesa humanidad. 

La Subsecretaría de Derechos de la provincia de Buenos Aires está presentada como querellante.

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Es importante poder avanzar y profundizar en la responsabilidad empresarial y que se juzgue a los integrantes de estos sectores que fueron cómplices y se vieron beneficiados con las políticas prebendarias de la última dictadura”, afirmó el Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno. 

“Hay que juzgar a aquellos empresarios civiles que colaboraron con sus acciones en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo con el fin de imponer el modelo económico. En este contexto es importante tener justicia y conocer la verdad”, finalizó Moreno.

LOS CASOS

Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino eran trabajadores de la empresa Molinos Río de La Plata.

En el caso de Fernández, ingresó a trabajar a la fábrica en el 1973 y se desempeñaba en el área de mecánica, arreglando máquinas. Allí, había integrado la Lista Blanca del Sindicato de Aceiteros, opuesta a la burocracia sindical y ligada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Después del secuestro, un vecino fue a avisarle a la esposa de Fernández y le dijo que al día siguiente podría ir a hablar con el jefe de Personal.

Santos Ojeda, tenía 24 años y para el año 1974 se encontraba trabajando en Molinos Río de La Plata. Se desempeñaba en la Sección Expedición y había sido elegido por sus compañeros como delegado de la sección. 

Rivolta Bonino, trabajaba  en el Sector Administración, era militante gremial e integraba la Agrupación “17 de Octubre”. El 7 de julio de 1976, en el marco de un operativo realizado en la empresa, fueron secuestrados.

La investigación se inició en junio de 2013 con la denuncia de tres hijos de trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado. 

Recordemos que el año pasado, Parodi había sido indagado por la Justicia, resolviendose su procesamiento.  La defensa apeló dicha decisión. Finalmente la Cámara Federal, confirmó lo resuelto por el Juzgado Federal en lo criminal y correccional N° 1 a cargo del Dr Kreplak.

Para llegar a dicha afirmación la Cámara de Apelaciones de La Plata resaltó que “Son bastas las pruebas obrantes en autos que ubican a Emilio Parodi como jefe de personal, ocupando así un cargo dentro de la empresa que le permitió efectuar el aporte señalado por el a quo, que fue sustancial a fin de que se produzcan los secuestros de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino.”

Afirmando también la importancia de las declaraciones testimoniales en esta clase de procesos judiciales, resaltando su importancia en la búsqueda de la verdad teniendo en cuenta que: “...la naturaleza del plan sistemático de exterminio implementado en el período 1976 /1983, cuanto la estrategia de impunidad seguida luego por sus responsables para impedir la investigación de estos aberrantes crímenes, tan sólo han tenido la pretensión de escapar del poder punitivo.”

La decisión adoptada por la Cámara resulta trascendental ya que es el primer caso de la jurisdicción en donde se investiga la responsabilidad empresarial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Otros casos de responsabilidad empresarial en dictadura

En los últimos años avanzaron acciones penales por delitos de lesa humanidad ocurridos en Mercedes-Benz, Ford, Dálmine Siderca, La Nueva Provincia y Loma Negra, todas empresas con sede en la provincia de Buenos Aires. También en el resto del país, avanzaron acciones por delitos en las empresas La Veloz del Norte (Salta), Las Marías (Corrientes), el Ingenio La Fronterita (Tucumán) y Mina El Aguilar (Jujuy).

Sobre Loma Negra, en marzo de 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó a tres militares por el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno. 

El TOF de Mar del Plata en su sentencia había ordenado que se investigaran los secuestros vinculados a Loma Negra, y el juicio conocido como “La Huerta” se está llevando a cabo en la actualidad y se encuentra en etapa de alegatos.