El presiente Javier Milei confirmó que aplicará un “veto total” a la ley de financiamiento universitario que sancionó en Senado esta madrugada, por al cual se aumentan las partidas para el funcionamiento de las casa de altos estudios y para subir el sueldo de sus trabajadores, tanto docentes como no docentes.

“Veto total”, respondió Milei en su perfil de X a una publicación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que el funcionario había aclarado que la “última palabra” sobre la cuestión la tendría el Presidente. Más temprano, el portavoz Manuel Adorni había adelantado que la medida estaba en estudio.

La confirmación del veto abre la puerta a una intensificación del conflicto en las universidades nacionales, que ya comenzaron este cuatrimestre con paros de actividades en protesta por el retraso salarial de los docentes –lo estiman en el 30% promedio o incluso por encima de esa cifra, según la fuente- y el incumplimiento parcial por parte del Gobierno del compromiso de enviar más fondos para el funcionamiento general de las casas de estudios.

Desfinanciar las universidades es desfinanciar el futuro de millones de jóvenes. Sin educación no hay desarrollo ni igualdad de oportunidades.

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 13, 2024

Una de las posibilidades que analizan en los gremios universitarios es la de reiterar una marcha de protesta, luego de éxito de la que se realizó el martes 23 de abril pasado. También podría desatarse una nueva oleada de paros.

Tras la aprobación de la Ley, el gobierno tiene diez días para dejar sin efecto la decisión parlamentaria. Luego, el parlamento podría intentar dejarla firme, pero para eso hacen falta los dos tercios de ambas cámaras legislativas.

La ley fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención.

Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.

El veto será el segundo en la era libertaria, luego de que hace dos semanas el mandatario firmara el último 30 de agosto la ley de movilidad jubilatoria. En ese caso, la oposición en la cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para voltear la iniciativa. (DIB)