El día viernes 27 de septiembre el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Nº 2 otorgó una medida cautelar interina, en el marco de un amparo colectivo solicitado por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias; docentes, no docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) contra el Estado Nacional -Ministerio de Capital Humano.

La resolución ordenó la inmediata suspensión de los efectos de la Resolución N° 45/24 que dispuso la revisión de la creación de la Universidad en clara violación de la autonomía universitaria.

A su vez, dispuso la inmediata reapertura de la sede de la UNMa en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz intimando a que se dispongan los fondos presupuestarios que legalmente corresponden para la apertura de dicha sede.

Para fundamentar esta decisión, el juzgado señaló que el "proceso de revisión" de la creación legislativa de la UNMa, establecido por la Resolución N° 45/24, y la designación de un rector organizador a través de la Resolución N° 542/24 -ambas emitidas por el Ministerio de Capital Humano- constituyen una injerencia en las atribuciones del Poder Legislativo.

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Esto último, quedó particularmente claro tras el cierre de la sede de la UNMa el pasado 2 de septiembre, cuando el interventor designado, Lic. Maurizzio, ordenó el cese de actividades en la universidad con la intervención de la Policía Federal Argentina, sin una orden judicial.

El tribunal consideró que estas acciones podrían generar un grave perjuicio a los docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de la sede en Marcos Paz, por lo que dictó la medida cautelar para evitar mayores daños.

Además, se destacó que las resoluciones cuestionadas, N° 45/24 y N° 542/24, resultan irrazonables a la luz del marco normativo vigente en materia de universidades nacionales.