El presidente Javier Milei derogó el Registro  Nacional de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hecho que representa un nuevo avance contra los pueblos indígenas

La Resolución 4811/96 se inscribe dentro de los compromisos constitucionales asumidos en la reforma de 1994, donde nuestros constituyentes reconocieron la identidad étnica y cultural de estos pueblos como parte esencial de nuestra nacionalidad. No se trata solo de mitigar las dificultades que históricamente han enfrentado las comunidades indígenas o de compensar el desapoderamiento que sufrieron, sino de preservar su legado cultural, un componente fundamental de la identidad sudamericana, evitando su disgregación y sus inexorables consecuencias.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Derechos Humanos PBA (@derechoshumanospba)

La reforma constitucional de 1994 a través de su artículo 75 inciso 17 otorgó un nuevo estatus jurídico a los pueblos indígenas, reconociéndoles derechos de rango constitucional. En este contexto, el registro mencionado es una herramienta clave, ya que permite visibilizar a las comunidades indígenas en todo el país. Sin este registro, su presencia en las políticas públicas nacionales se diluye, quedando estos derechos a merced de la voluntad política de cada provincia, a pesar de su jerarquía constitucional.

Desde el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), sabemos que es esencial fortalecer los lazos entre la Nación y las provincias para consolidar políticas públicas específicas. Sin embargo, la decisión de derogar este registro atenta gravemente contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.