El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) expresó su firme rechazo al proyecto de ley de divorcios administrativos propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional al considerar que pone en serio riesgo la seguridad jurídica y “vulnera derechos fundamentales”. Advierten que es inconstitucional y que despoja a las personas de protección legal.

Conforme al comunicado publicado por el Consejo Directivo del Colegio del Colegio de la Abogacía de La Plata, el divorcio no es un simple trámite administrativo, sino un proceso complejo con implicancias jurídicas profundas, por lo cual requiere la intervención de profesionales especializados en el área de familia para garantizar la defensa de los derechos de las partes, especialmente de las más vulnerables.

“Este proyecto desconoce lo que es el Código Civil y la mirada del divorcio de manera integral, con todos sus efectos”, advirtió la presidenta del CALP, Marina Mongiardino, y agregó: “La intervención del profesional de la abogacía les permite a los cónyuges conocer sus derechos, sus obligaciones y preservar las garantías constitucionales”.

Frente a esta situación, el Consejo Directivo del CALP llamó a una sesión extraordinaria para tratar el tema, la cual tendrá lugar el próximo viernes a las 17 horas. La misma será de carácter público y transmitida en vivo por el canal de YouTube del Colegio (@calp-oficial).

En ese sentido, advirtieron que el proyecto es “inconstitucional” y afirmaron que trasladar los divorcios a una sede administrativa no solo va en contra de principios internacionales, como el de no regresividad, sino que también despoja a las personas de la protección legal que solo un proceso judicial puede ofrecer. 

Asimismo, mencionaron como aspecto clave que la ausencia de asesoramiento letrado en el proceso administrativo podría llevar a una renuncia anticipada de derechos por desconocimiento, afectando directamente aspectos patrimoniales, alimentarios y de compensación económica de las partes involucradas.

Finalmente, desde el Colegio de La Plata se exhortó a los legisladores a rechazar el proyecto de ley y preservar el control judicial sobre los divorcios, como forma de asegurar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.