Legisladores radicales y varios intendentes de la provincia de Buenos Aires pidieron que se ponga atención al estado de varias rutas, luego de que el Gobierno nacional decidió paralizar la obra pública.

Al reclamo se subió la senadora bonaerense Daniela Reich, ex PRO y sumada al bloque de La Libertad Avanza, aunque propuso realizar los trabajos de otra manera.

La legisladora de Tres de Febrero presentó un proyecto de ley para que el gobierno de Axel Kicillof autorice una concesión de obra pública para que se ponga en valor las rutas provinciales N° 51 y N° 65.

En este sentido, la legisladora del bullrichismo retoma los lineamientos del modelo de obra pública “a la chilena” que el presidente de la Nación, Javier Milei, promovió en su Ley Bases. 

Se trata, explicó, de que una empresa privada puede hacerse cargo de la obra presentando la documentación pertinente a las autoridades.

Así, Reich pide que una empresa privada se encargue de “la construcción, remodelación, mejoras, ampliación de capacidad, conservación, mantenimiento, administración y explotación de las rutas N° 51 y N° 65“.

El plazo máximo de concesión para que una empresa se haga cargo de los tramos que componen las dos autovías provinciales será de 30 años a partir de la toma de posesión de la firma adjudicataria. 

En el texto, la senadora señala que el pliego de licitación de ambas rutas tendrá que clarificar el director de obras, las pautas de diseño, el mantenimiento vial y los servicios complementarios, que deberá ser revisado cada 3 meses para “asegurar la operación de las rutas e incrementar la seguridad vial”.

?????| Hoy presenté el Proyecto de Ley para poner en valor las Rutas Provinciales N° 51 y 65 mediante su concesión ?????

Queremos rutas más seguras y sostenibles que impulsen economía, conectividad y turismo en la provincia ¡Un paso hacia el crecimiento de todos los bonaerenses! pic.twitter.com/EDQtJkixEz

— Daniela Reich (@danyreich) November 22, 2024

“En la contratación de los servicios complementarios, los Municipios por cuyas jurisdicciones atraviesan las rutas tendrán preferencia de contratación a iguales condiciones de calidad, plazo y precio, si se trata de sus tramos. El modelo de la concesión deberá ajustarse a la modalidad de tarifa máxima y el Estado provincial no podrá otorgar garantías de tránsito mínimo ni avales del sector público”, añade Reich.

Por último, Reich postula establece que la contribución mensual a cargo del concesionario debe ser equivalente al 4% de la recaudación neta de impuestos por el cobro de peaje. “La misma, será sustitutiva de todo gravamen o derecho municipal”, finaliza.

En el caso de la ruta N° 51 recorre de norte a sur toda la provincia de Buenos Aires a través de 16 municipios, mientras que la N°65 nace General Arenales, en el límite de Santa Fe, y termina en Adolfo Ansina. [El Teclado]