Roberto Boico, abogado de la senadora Cristina Fernández, rechazó la posibilidad de desafuero de la expresidenta, que el PRO llevará este miércoles a la comisión de Asuntos Constitucionales. "Sería una situación descabellada", aseveró en diálogo con el programa #Tranqui120 que se emite en Radio Estación Sur. La respuesta del constitucionalista surge tras el anuncio del senador macrista, Federico Pinedo, quien confirmó que esta semana intentarán incluir en la agenda de la comisión el pedido de desafuero solicitado por el juez Claudio Bonadío en diciembre pasado.

"Desde el punto de vista estrictamente jurídico, y obviamente que esto roza lo político, me parece que sería una situación descabellada que la Cámara de Senadores que había mantenido una postura férrea, firme e inobjetable respecto de los desafueros, por ejemplo el de Carlos Menem, ahora modifique su jurisprudencia e intente desaforar a la expresidenta con estos argumentos que son realmente baladíes e insustanciales", retrucó el Boico.

En este sentido, añadió que "las detenciones de la causa por el Memorándum (con Irán) son detenciones que no se pueden sostener desde el punto de vista jurídico". 

"Hay una calificación penal sobre los hechos que se investigan que tienen una pena máxima de seis años de prisión y una mínima de uno. En el caso García Belsunce, por ejemplo, que ha tenido condenados por encubrimiento, los acusados estuvieron libres todo el tiempo que duró el proceso. Y hay otro caso, en AMIA II, donde se juzga el encubrimiento, todos los imputados están libres, incluso los que tienen pedidos de pena que llegan hasta los 13 años de prisión. Explíquenme cómo es posible, en este contexto, que la expresidenta esté sometida a un pedido de desafuero y Carlos Zannini esté preso. Esto sólo se entiende bajo la mirada que da cuenta de una persecución judicial", completó.

En tanto, Boico insistió en que la causa forma parte de una "persecución" contra la expresidenta. "Esta causa tiene un contenido eminentemente político porque, en definitiva, se está juzgando la existencia de un instrumento internacional que ha sido negociado por el Poder Ejecutivo en el marco de su competencia constitucional, que ha sido aprobado por el Poder Legislativo y todos han intervenido en la discusión", agregó.

Para el abogado, "si esto que es un disparate jurídico está siendo juzgado federal, imagínense cómo no catalogarlo de político, porque de jurídico no tiene nada". "Si fuera jurídico, tendrían que estar convocados al proceso todos los legisladores que han votado y han aprobado este elemento. Y la verdad que si la Argentina discute la política en los tribunales, se degrada completamente el marco de la política", puntualizó.

Por otra parte, el abogado destacó la Acordada de la Corte Suprema que canceló la habilitación del TOF9 y afirmó que "no se podía tolerar de ninguna manera que haya un tribunal adhoc, conformado a dedo con personas que fueron trasladadas de manera muy suspicaz, por cierto, y que ese sea el encargado de resolver cuestiones trascendentes" que involucran a la expresidenta. "Buscar un tribunal imparcial en este contexto para juzgar esta absurdidad es bastante difícil y el menú de los que quedan tampoco garantizan demasiado. Pero bueno, es lo que hay", se quejó el letrado. 

Si bien buscó evitar el tema, el abogado descartó que la expresidenta sienta temor por las declaraciones que pueda llegar a dar el empresario Cristóbal López tras su liberación: "Estimo que no debe sentir ningún temor, pero la verdad es que este tema no es parte de mi actuación profesional", descartó.