El diputado del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley para crear un Régimen de Promoción y Protección integral de los derechos de la mujer y del niño por nacer en la Provincia, que tendrá por objeto la promoción, prevención, asistencia y protección de los derechos de ambos.

Eslaiman recalcó que el espacio político al cual pertenece está de acuerdo con que se abra el debate sobre el aborto, dando libertad de opinión y entendiendo las posturas personales y las convicciones religiosas de cada legislador. Es por ello, que desde su banca impulsó un proyecto que tiene como objetivo respetar la vida no solo de la madre, sino de los niños por nacer.

Cabe destacar que existen iniciativas de leyes presentadas, sobre todo en el ámbito del Congreso de la Nación, que optan por legalizar el aborto, también con el objetivo de evitar la muerte de madres que realizan estas prácticas, pero que, según expresa el escrito presentado por Eslaiman ingresado esta semana en el Parlamento bonaerense, “parten de una concepción filosófica distinta, que tiene que ver con el respeto a la vida de las madres pero ignorando los derechos de los seres más indefensos: los niños por nacer”.

 “Mi postura es defender la vida y según mis creencias presenté este proyecto de Ley en el que establece que el Estado provincial debe garantizar el derecho natural y supremo a la vida con reconocimiento legal en nuestro ordenamiento jurídico interno a partir de nuestra Carta Magna y en el ordenamiento jurídico internacional a través de los tratados sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, respecto de los cuales la Nación es parte”, expresó Eslaiman.

 La norma establece que el Gobierno provincial tendrá la obligación de ejecutar acciones destinadas a difundir los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer; educar a la población en su ejercicio y defensa; a través de campañas participativas, permanentes y efectivas de promoción, oficinas de consultas, talleres, conferencias y debates a efectos de contribuir a la prevención de situaciones que vulneren los derechos. También dispone que el Gobierno provincial podrá aplicar sanciones ante el incumplimiento de todo acto en el que intervengan entes públicos o de la sociedad civil, que tenga por fin la promoción del aborto.

Por último, crea un Consejo Consultivo que tendrá por fin monitorear y evaluar los programas y acciones de promoción y protección de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer. [El Teclado]