A un año de la asunción de Javier Milei, la crisis económica se profundiza y el impacto en las familias trabajadoras se hace cada vez más evidente. Según la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), más del 60% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 18% en la indigencia, lo que configura lo que la organización califica como un “crimen social”.

En este contexto, la vuelta a clases se convierte en un desafío imposible de afrontar para miles de familias de bajos ingresos. Según UTEP, el costo de una canasta escolar mínima supera los $250.000, una cifra inalcanzable para quienes ya no pueden garantizar la alimentación diaria de sus hijos. A esto se suma la interrupción en la entrega de alimentos a los comedores populares, una situación que la organización denuncia desde hace más de un año, pese a las intimaciones judiciales que el Gobierno sigue desoyendo.

“Es el Gobierno el que tiene la obligación de atender este problema. Ningún pibe o piba debería quedarse sin los elementos básicos para comenzar las clases”, expresaron desde UTEP en un comunicado. En este sentido, proponen la implementación de un bono de emergencia de $300.000 por hijo para todas las familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza, con el objetivo de afrontar los gastos escolares iniciales.

La preocupación de la organización social no se limita a la educación. También alertan sobre el deterioro generalizado de la asistencia estatal. “El gasto social cayó más del 50%, el programa ‘Volver al Trabajo’ se congeló en $78.000, la Tarjeta Alimentar quedó rezagada frente a la inflación y el Gobierno dejó de comprar más de 7 millones de kilos de alimentos”, señalaron.

Esta situación no solo afecta la calidad de vida de millones de argentinos, sino que ha generado un caldo de cultivo para problemáticas aún más graves, como el avance del narcotráfico en los barrios populares. Según UTEP, la ausencia del Estado ha permitido el crecimiento de bandas organizadas, que generan temor y agravan la descomposición social en los sectores más vulnerables.

En este marco, la organización convocó a una jornada de protesta desde Plaza de Mayo hasta el Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, para exigir cinco medidas urgentes:

• Un bono de emergencia de $300.000 por hijo para familias bajo la línea de pobreza.
• Restitución de los alimentos a los comedores populares.
• Aumento y reapertura de los programas sociales.
• Recuperación de los aportes del Estado para garantizar obra social a los beneficiarios de planes sociales.
• Cese de la persecución y criminalización de los referentes sociales.

Desde UTEP advierten que la crisis está lejos de resolverse y que, sin medidas concretas, el panorama para las familias trabajadoras será cada vez más desolador. En este escenario, el reclamo por asistencia social y políticas inclusivas se intensifica, mientras la incertidumbre marca el día a día de millones de argentinos. [El Teclado]