Bullrich prohibió el uso de drones en la marcha

El abogado y exdiputado nacional Jorge Rivas presentó hoy una medida de “no innovar" ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, solicitando la suspensión de la prohibición del uso de drones en la marcha de jubilados convocada para este miércoles 19 de marzo, anunciada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Con el patrocinio del Dr. Guillermo Torremare, Rivas solicitó a la justicia "suspender de manera inmediata la prohibición del uso de drones en la marcha de jubilados", "ordenar al Ministerio de Seguridad que permita el uso de drones" y "declarar la inconstitucionalidad de la medida". 

El también titular del partido político Unidad Socialista, argumentó que la medida "vulnera lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los múltiples tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional". En su presentación, sostuvo que "la prohibición del uso de drones constituye una restricción indebida al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, reconocidos en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional".  

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El exdiputado destacó que "los drones son herramientas tecnológicas que permiten a los ciudadanos y a los medios de comunicación documentar y difundir información sobre eventos de interés público, como las manifestaciones sociales". Además, recordó el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido durante la última marcha de jubilados: "un dron permitió identificar a los responsables del disparo de una cápsula de gas lacrimógeno que lo dejó gravemente herido".  

Rivas también subrayó que "la presencia de drones actúa como un elemento disuasivo para evitar el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", y mencionó que "en la última marcha de jubilados, se registraron más de 600 heridos, incluyendo casos graves como la pérdida de un ojo por el impacto de una bala de goma y detenciones ilegales de menores".  

Por último, la presentación judicial cita fundamentos internacionales, incluyendo resoluciones de la ONU y la CIDH. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, "la documentación de abusos y violaciones de derechos humanos a través de medios tecnológicos es una forma legítima de ejercicio de la libertad de expresión y contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas".