Hace casi un año, el director en Brasil de un importante banco con presencia mundial me aseguraba que no le preocupaba que Lula da Silva liderara todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre próximo. “Nosotros vamos a apoyar al candidato reformista, cualquiera sea. Y creemos que la sociedad va a entender que ese es el camino”, me dijo con una calma que me chocó.

Esa afirmación me resultó, entonces, tan clarificadora de lo que viene ocurriendo en Brasil los últimos años como me resulta ahora, cuando se venció el plazo que el juez Sérgio Moro dio al exmandatario para que se entregue a la policía: existe un “nosotros”, un establishment en el sentido más tradicional de la palabra, un poder conservador, y hay un pueblo que, por supuesto, no es todo el pueblo brasileño sino esa mitad que a rabiar detesta al Partido de los Trabajadores (PT) y a Lula.

Fue sobre ese escenario que la justicia brasileña montó su espectáculo con la causa Lava Jato. Se valió de lo que llamó un ánimo de época para liderar su cruzada de salvación de la democracia brasileña. Mejor dicho de lo que cree que debe ser la democracia brasileña.

Con complicidad de los grandes medios de comunicación, Moro que se reconoce como un iluminado, convenció a esa mitad de la sociedad de que había llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva con el sistema político del país.

Detenciones cinematográficas, entrega a la prensa de escuchas –violando los procedimientos de investigación judicial-, detenciones preventivas masivas para presionar a involucrados, carencias de pruebas materiales y documentales pero certezas morales sobre delitos, han sido la pauta de cómo opera su justicia. Una justicia que se basa en métodos de excepción que acabaron convirtiéndose en la pauta del devenir institucional de Brasil.

Algo que se parece olvidar cuando se habla del mega esquema de corrupción es que no sólo el PT estuvo involucrado. Por el contrario, abundan los dirigentes de la oposición, hoy convertida en Gobierno y con control del Congreso.

El segundo punto frecuentemente omitido es la participación empresaria. El nivel de involucramiento del sector económico en la red era total, hasta existía una especie de sindicato de constructoras con un organigrama para definir qué obra pública le tocaba a cada quién gracias al soborno correspondiente.

Y sucede que, diferencia de la mayoría de los delitos, en el de corrupción se necesitan indefectiblemente de dos partes: quien corrompe y quien se deja corromper, quien paga una coima y quien la acepta.

La justicia brasileña decidió borrar esa obviedad de la Lava Jato. Moro ha tendido la mano a los empresarios implicados -beneficiados económicamente con la corrupción- y les ofreció el tan publicitado acuerdo de delación premiada que consiste en reducciones de sentencias hasta llegar a penas ridículas y la comodidad del arresto domiciliario en sus mansiones.

“Un mal menor cuando te da la oportunidad de llegar a los peces gordos”, se justifica siempre el juez federal de primera instancia. En este caso, el premio mayor siempre fue Lula da Silva.

La prueba más reciente de ello son los acelerados tiempos de resolución del juicio en su contra. En el caso del expresidente, la orden de prisión –que Moro emitió ayer sin respetar los pasos legales ya que no esperó la comunicación del tribunal de apelaciones TRF-4 de Porto Alegre- llegó nueve meses después de la condena en primera instancia. Mientras que en los otros casos de la Lava Jato transcurrieron entre 18 y 30 meses.

También en tiempo récord llegó la causa al tribunal TRF-4 e incluso fue discutida antes que otras siete que ya estaban en tramitación.

El mercado brasileño celebró cada una de las decisiones en contra del expresidente. Ayer, con su suerte electoral casi sellada, la emoción envolvió a la Bolsa de San Pablo una vez más.

Para ellos están en juego las reformas, esas que Michel Temer emprendió aceleradamente luego del proceso de desestabilización y caída del Gobierno de Dilma Rousseff (recorte del gasto público y de programas sociales, modificaciones laborales y previsionales, privatizaciones en energía, etc).

Reformas que están garantizadas por un Congreso donde la mayoría de sus integrantes están vinculados a la corrupción de la Lava Jato, y por las que la Cámara de Diputados decidió obviar el video que mostró a Temer (del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño) avalando el pago de sobornos a diputados y funcionarios. Los diputados bloquearon en dos oportunidades que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo investigue.

Ahora es evidente. Lo que hace un año sabía ese banquero con el que hablé es que en Brasil, los sectores conservadores se cubren la espalda. Y hoy tienen a la justicia trabajando palmo a palmo para corregir los “errores” de la democracia. De una manera u otra “la sociedad va a entender que ese es el camino”. [El Teclado]