El Tribunal de Cuentas bonaerense resolvió que la suspensión de la concejala María Inés Ormachea (PRO) fue ilegal, por lo que el Gobierno de Nueve de Julio celebró la medida.

En tal sentido, denunciaron que se vulneraron garantías constitucionales y llamaron a transformar este episodio "en un punto de inflexión" para la política local.

El presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante, César García, recordó a Cadena Nueve que ya había advertido en el recinto que el procedimiento adoptado era improcedente, sin base legal ni constitucional, y que la suspensión se trató de un acto político sin sustento jurídico.

“Se vulneraron derechos, no existía la figura legal para suspenderla de esa manera, y se actuó como si fuera una comisión especial, juzgando sin juicio previo”, sostuvo.

La salida de la edil llegó luego de una jugada de La Libertad Avanza, en su intento de destituir a la intendenta PRO, María José Gentile, acusando presunta incompatibilidad en la relación a un acuerdo solo firmado por el Ejecutivo con la empresa Nandi, para que se instale en el Polo de Desarrollo Productivo San Cayetano.

La concejala fue suspendida con la protesta de su bloque, por entender que se procedía en un accionar antijurídico, lo que ahora se confirma.

“El escarnio ya está hecho. Afectó no solo a la concejal, sino a su familia y a su entorno. Este tipo de prácticas no suman para la democracia ni para el vecino de Nueve de Julio”, dijo García.

Y finalizó: “Es hora de dejar atrás las mezquindades, de construir juntos y priorizar a los vecinos. La política no puede ser una herramienta de persecución. Este episodio no puede repetirse”. [El Teclado]