El 29 de noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, integrado por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, dio a conocer el veredicto por el juicio llevado adelante contra dos civiles que integraron la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU). Ese día, la sala pasó de la celebración al llanto en un instante.

Carlos “Indio” Castillo fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el preludio de lo que fue el golpe militar; y absolvió a Juan José “Pipi” Pomares por el beneficio de la duda.

Ahora, la novedad es que habiéndose cumplido el plazo para apelar el fallo, los fiscales  Marcelo Molina y Hernán Shapiro no apelaron la absolución de Pomares.

“Fue una sorpresa”, dijo la abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos La Plata, Guadalupe Godoy, quien en noviembre había asegurado que “el marco probatorio era más que suficiente para condenar a ambos”.

“No lo entendemos porque la fiscalía pidió la pena máxima de perpetua para ambos acusados considerando que se habían acreditado durante el juicio los delitos por los que se los acusaba”, sostuvo Godoy. El fallo no niega la existencia de los hechos ni pone en duda la pertenencia de Pomares a la CNU. Tampoco descarta los elementos de prueba ofrecidos, solo lo beneficia con el principio de la “duda”.

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— El Teclado (@ElTecladoOK) 11 de julio de 2017

Si bien se reconoce en estos procesos la autonomía de las querellas para impulsar medidas procesales, y todas las que acusaron en este juicio ya apelaron ante la Casación Federal “es muy grave que la fiscalía no apele, porque si no está el recurso fiscal encabezando el pedido es mucho más complejo”, remarcó la abogada

Por su parte, Luz Santos Morón, integrante de la querella unificada Justicia Ya!, agregó que “estuvo acreditada al intervención de Pomares en los cuatro casos que se juzgaron y que intervino en la represión que llevó adelante la CNU con el aval del Estado en los meses previos al golpe. Nosotros sostenemos que la CNU fue uno de los primeros pasos del plan genocida que se implementó en el país", ratificó.

[En la foto: Querellantes de JusticiaYa! - El Teclado]

“En un contexto político como este, donde en todos los juicios nos está pasando que hay un condenado y dos absueltos, donde se pretende que ésta es la nueva forma de juzgar con criterios muy restrictivos en cuanto a la prueba, no es el mejor momento para que la fiscalía tome un criterio de este tipo”, subrayó Guadalupe Godoy.

Mientras tanto, las víctimas de la CNU y organismos de derechos humanos volverán mañana martes a las 12.30 a esos mismos tribunales de calle 8 a pedir las explicaciones del caso a las fiscalías, que tienen que asegurar la legalidad del debido proceso.

[CNU]

La llamada CNU fue una organización paraestatal de la ultraderecha católica y peronista que colaboró con la triple A, secuestrando y matando a militantes políticos de La Plata, Berisso y Ensenada. Puntualmente, los hechos que se juzgaron ocurrieron en febrero y abril de 1976.

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— El Teclado (@ElTecladoOK) 3 de junio de 2017

Luz Santos Morón explicó a El Teclado que llevaba patotas a las asambleas universitarias, intervenían en los sindicatos y tenían cargos en el Estado -por ejemplo en el Hipódromo, el Registro de la Propiedad, etcétera- y desde ahí actuaban persiguiendo a los luchadores sociales y políticos.

Además, aseguró, "tenían vínculos directos con la burocracia sindical y el propio gobernador Victorio Calabró". Muchos de los integrantes de esta patota terminaron detenidos en la Unidad 9 por causas comunes, pero no por delitos de lesa humanidad.

La patota de la CNU estaba integrada por una veintena de criminales de los cuales sólo dos, Castillo y pomares, después de 41 años llegaron a juicio y por sólo 4 homicidios y dos secuestros y torturas.  Se presume que ascienden a 100 los asesinatos -"con ensañamiento y alevosía"- a militantes en la región. [El Teclado]