El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, acompañado por el bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados provincial, presentó este mediodía en la legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca combatir los delitos cometidos con motovehículos, a través de regulaciones en la utilización de este tipo de rodados  y en la definición estratégica de las zonas de conflicto de cada municipio.

"Hemos intensificado los operativos contra este tipo de delito y para acompañar el trabajo necesitamos una ley que complemente la labor policial y permita terminar con los robos y asesinatos cometidos con esta modalidad", aseguró el funcionario del gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal  durante la sesión en el recinto legislativo, ubicado en calle 53 entre 7 y 8, Sala 30 de la capital provincial, y continuó: "queremos que quienes transitan por las calles de la provincia no sientan miedo cuando una moto se les acerca".

Junto al ministro de Seguridad @cristianritondo, en la presentación del proyecto de ley para prevenir delitos cometidos por motochorros cc/ @CarolinaPiparo @gbmonzo @MatiRanzini @HCDiputadosBA pic.twitter.com/0deG6EXoam

— Guillermo Bardón (@guillebardon) 25 de abril de 2018

A su vez, el titular de la cartera de seguridad dijo que "el proyecto no busca desalentar el uso de la moto como vehículo  diario o de  pasatiempo, porque un motociclista no es un delincuente" y explicó: "se trata de establecer una regulación para contribuir con las tareas preventivas y facilitar la función policial en el combate contra este delito".

"Para nosotros es muy importante que esta ley se debata y tenga el acompañamiento necesario", afirmó Ritondo y concluyó: "ampliamos y fortalecemos las normas para mejorar la calidad de vida de todos los bonaerenses".

Por su parte, el diputado provincial Matías Ranzini, que además se desempeña como Presidente de la Comisión de Seguridad, planteó  que "a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde es todo urbano, nosotros nos tuvimos que concentrar en desarrollar un proyecto que contemple las particularidades de una provincia tan extensa y diversa" y explicó que "por eso cada municipio deberá elevar al Ministerio de Seguridad cuales son los perímetros geográficos y franjas horarias donde el uso de los chalecos y los cascos son obligatorios".

Finalmente, la legisladora Carolina Píparo dijo que "cómo víctima y legisladora considero que esta ley es importante en su potencialidad para combatir una modalidad específica del delito".

[ANTECEDENTES]

Cuando era vicepresidente de la Legislatura Porteña, Cristian Ritondo presentó un proyecto de ley sobre esta problemática y gracias a su aprobación, hoy la ciudad de Buenos Aires cuenta con un marco legal específico sobre esa modalidad delictiva. 

A su vez, a partir del Decreto 171/2017, el Gobierno Nacional estipula que cada provincia debe establecer sus parámetros para combatir este tipo de delitos.

Junto al ministro @cristianritondo y diputados presentamos un proyecto de ley para combatir el accionar de los motochorros. pic.twitter.com/mLSY658O2Y

— Manuel Mosca (@manu_mosca) 25 de abril de 2018

Durante la gestión del ministro Ritondo se intensificaron los procedimientos policiales contra delitos en esta modalidad. En distintos operativos de control, saturación y prevención se secuestraron, hasta el momento, más de 250 mil motos y fueron retenidas más de 22 mil por estar en directa vinculación con un delito, ya sea por salideras bancarias, narcomenudeo o asaltos. 

No obstante, desde la cartera de Seguridad se planteó la necesidad de una ley que acompañe el trabajo policial y contribuya a terminar con esta forma de delincuencia.

[MODIFICACIONES]

Se modificará el Código de Tránsito. Por ello, será obligatorio el uso de un chaleco identificador refractario en el conductor y en el acompañante, así como también la identificación del dominio de la moto en el casco de ambos ocupantes, si los hubiera.

Si estos requisitos no se cumplen, será motivo de la retención del motovehículo y una multa que, en principio, será aplicada por el juez de Faltas de cada municipio. El plazo para retirar el motovehículo incautado será de 60 días corridos, y sólo podrá hacerlo su dueño.

Si esto no ocurre, la autoridad de aplicación intimará al titular para que en un plazo de 15 días corridos se presente. De no hacerlo, se aplicarán las medidas estipuladas en la Ley 14.547 que regula la compactación, subasta o cesión benéfica del bien.

Si es que se produce la compactación, la misma autoridad dispondrá de la chatarra o del producido del desguace.

[TRABAJO EN CONJUNTO]

El gobierno provincial y los distintos municipios deberán estar en constante relación para promover el uso del chaleco y casco reglamentario. También deberán exigir que el expendio de combustible se realice sólo a quienes cumplan con la ley.

Cada municipio tiene un plazo de hasta 45 días para enviar al Ministerio de Seguridad el diseño geográfico y horarios donde son obligatorios el uso de los chalecos reglamentarios y el casco reglamentario. En caso de no hacerlo será el mismo Poder Ejecutivo Provincial quien determine esas zonas y horarios.