Hoy presentamos nuestra impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Ulpiano Martínez tuvo tres años a su cargo el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, como juez subrogante. Durante ese tiempo mostró una incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades.

En un placard en el pasillo del juzgado que tenía a cargo se encontró material explosivo con la leyenda “…ojo está activado”, que fue analizado por expertos de la brigada de explosivos. Sin ningún tipo de resguardo ni cadena de custodia, había armas y otros explosivos a la vista, sobre los escritorios y estantes de las oficinas del juzgado. Había estupefacientes en todo el juzgado, hasta en la terraza: casi 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, un poco más de 2 kilos de hojas de coca, 10 paquetes de papel para armar cigarrillos, 297 cigarrillos armados de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas.

El relevamiento del estado calamitoso en el que se encontraba el juzgado federal 1 fue la primera medida que tomó el juez Alejo Ramos Padilla cuando fue nombrado en reemplazo de Ulpiano Martínez: el Consejo de la Magistratura había resuelto no ratificarlo.

Cuando Ramos Padilla asumió a su cargo el juzgado había una gran cantidad de detenidos sin indagar, algunos incluso llevaban meses privados de su libertad; había detenidos que no tenían resuelta su situación procesal, a pesar de haber sido indagados y otros que, por falta de registro, ni siquiera se sabía adónde se encontraban. Estaba pendiente la resolución procesal de más de medio centenar de imputados que estaban detenidos y tenía personas con su prisión preventiva vencida. No existía un listado de detenidos actualizado y confiable, por eso el nuevo juez debió librar oficios a las fuerzas de seguridad y penitenciarias para conocer la nómina de detenidos alojados a cargo del juzgado.

El cuadro generalizado de desorden, desidia, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial, se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia. La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas en los procesos penales que estaban a su cargo.

Respecto de la intervención de Ulpiano Martínez en las causas por delitos de lesa humanidad, encontramos que se manejó con coherencia: sus intervenciones obstaculizaron los avances en la investigación de distintas causas. Ulpiano Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército. Intervino en la causa contra Vicente Massot y rechazó el pedido de instrucción que hizo el Ministerio Público sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco donde se hallaban los archivos necesarios para el desarrollo de la causa “Triple A”, de los que no tenían copia.

Las resoluciones de Ulpiano Martínez fueron sistemáticamente revocadas por su superior jerárquico, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y fueron incumplidas igualmente por él. No solo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca.

Ulpiano Martínez carece de idoneidad para el cargo al que aspira. Su actuación en el Poder Judicial no puede ser premiada con un nombramiento como fiscal federal y solicitamos a la Comisión que no avance en su acuerdo.

El Teclado tuvo acceso a la presentación completa ante la comisión del Senado: 

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