El diputado nacional Daniel Scioli compareció esta mañana ante el titular de la Fiscalía N° 11 de La Plata, Álvaro Garganta, para brindar declaración indagatoria en la causa en la que está procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública” cuando era gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Está acusado de favorecer a una empresa en la construcción de la nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), centros de salud que fueron construidas durante su gestión por un monto de 190 millones de pesos.

Según la acusación, existen "indicios vehementes" de que entre los años 2011 y 2015, el ex Ministro de Salud, Alejandro Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización de ocho UPA y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

La concesión a esa empresa se concretó con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, Ricardo Miller, y además, por las dádivas que recibía de éste.

#Judiciales l La declaración completa de Daniel Scioli ante la Justicia l Está procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública” cuando era gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
EL DOCUMENTO: https://t.co/hKxfAnw98Z

— El Teclado (@ElTecladoOK) 3 de mayo de 2018

Garganta valoró también que Scioli utilizaba dos helicópteros propiedad del empresario y que mantenía con él negocios a nivel particular a través de la construcción de las instalaciones del club de Futsal La Ñata, la mejora de un complejo hotelero, y la venta de un complejo por interpósitas personas.

El ex motonauta no declaró ante el fiscal pero si presentó un escrito (que es su derecho) en el cual negó y desmintió todas las imputaciones que se le formulan. Lo hizo con el patrocinio de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina.

Comenzó su descargo afirmando que “Ninguno de los hechos que expone la fiscalía tienen asidero, nunca han ocurrido, y menos aún se encuentran acreditados”. Y continuó diciendo “jamás intercedí para favorecer a nadie en lo que a contrataciones se refiere. Es más, ni siquiera me involucré ni en el trámite ni en las personas seleccionadas para proveer a los centros sanitarios”.

En ese sentido, aclaró que todas las contrataciones se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de los Organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad.

Negó su supuesta relación especial con Miller y aclaró que jamás utilizó el helicóptero de empresario durante su gestión. Acompañó su afirmación con datos de su agenda que evidencian los lugares de la provincia en los que estuvo en las fechas de los presuntos viajes en ese medio de transporte hacia Villa La Ñata

En su defensa afirmó enfáticamente que nunca recibió dádivas, ni de Miller ni de ninguna otra persona y que jamás ha influido indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer a algún proveedor.

Scioli ingresó a los tribunales platenses alrededor de las 9 de la mañana y se retiró una hora más tarde. Tanto al llegar como cuando se fue, evadió a la prensa, con un operativo de simulación con autos con vidrios polarizados saliendo por distintos accesos. Además, los agentes de seguridad prohibieron el ingreso de periodistas, fotógrafos y camarógrafos al edificio, todo para proteger al ex gobernador.

Ayer hizo lo propio Alejandro Collia, acompañado por su abogado Flavio Gliemmo. No declaró, presentó un escrito en el que negó todas las acusaciones –con los mismos argumentos de quien era su jefe- y tampoco quiso hacer declaraciones.

En el marco de la misma causa, en los próximos días serán indagados el empresario Ricardo Miller, y los ex funcionarios bonaerenses, Gerardo Pérez (ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense), Ana Beatriz Priolo (ex Directora General de Administración) y Matías Alcalde (ex Director de Contabilidad).

Además, el fiscal Garganta investiga también a Scioli por presunto lavado de activos y delitos contra la administración pública en la jefatura de Gabinete, Aguas Bonaerenses, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el Astillero Río Santiago, Loterías y Casinos y con el alquiler de aviones que fueron usados en la campaña electoral. [El Teclado]