El 3 de mayo el CELS y el Movimiento por la Descomialización en Romero realizamos un recorrido por los servicios de Agudos hombres y  Agudos Mujeres y el Servicio de Atención en Crisis (SAC) y encontramos un cuadro de extrema gravedad y vulneración a los derechos humanos de usuarios y usuarias. Al día siguiente solicitamos al Juzgado Contencioso Administrativo 3 medidas urgentes: que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires garantice los derechos de las personas alojadas en esos servicios y que no se permitan nuevas admisiones al hospital hasta que se terminen las obras edilicias pendientes.

Hace un mes habíamos estado en el SAC y encontramos condiciones edilicias deplorables, falta de higiene y, en particular, elementos de sujeción en las camas. Los edificios que alojan el SAC y los servicios de Agudos tienen que entrar en obras de reformas edilicias porque no tienen condiciones de habitabilidad, con partes del cielorraso caídas, roturas en las ventanas, filtraciones con riesgo eléctrico. La licitación está prevista recién para el segundo semestre de este año.

De hecho, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, visitó esas salas en abril de este año y dijo que, en su opinión, “las secciones de Agudos, tanto para mujeres como para hombres, no pueden ser reparados, son totalmente inadecuados para albergar a seres humanos y deben cerrarse y reemplazarse de inmediato por instituciones adecuadamente equipadas y con el personal que corresponde, donde los pacientes con discapacidades psicosociales puedan vivir y ser tratados con dignidad y de conformidad con sus necesidades específicas”.

Este cuadro se agravó con el temporal de las últimas semanas. Las autoridades del hospital debieron trasladar a las personas que estaban en esos servicios a otros sectores del hospital, porque se habían inundado. El ingreso a Romero se hace a través de la Guardia y si es necesario recurrir a una internación, se deriva a esas áreas: los servicios de Agudos. Se trata por lo tanto de servicios que deberían tener una alta rotación de usuarios, aunque hay sobrepobación y personas con internaciones prolongadas.

Ante la situación desastrosa de las salas, las autoridades del hospital debieron planificar de urgencia y de forma provisoria cómo darle respuesta. Como primera medida se trasladó a las 49 usuarias de Agudos Mujeres (donde funcionan otros dos servicios más, Sub Agudos Mujeres y SAC Mujeres) a la Sala Carrillo. Pero no había un lugar alternativo donde alojar a los 24 varones, que estaban en condiciones humillantes e indignas, con riesgo para su vida, su integridad física y la atención en salud. Estas personas no reciben tratamiento, aunque sí exceso de medicación -uno de ellos dijo que había recibido tantas inyecciones que no sentía las piernas-, tampoco tienen agua caliente en las duchas, ni limpieza en general. En este movimiento de un lugar a otro se recurrió a colocar los elásticos de las camas y los colchones sobre el piso. Las personas internadas en esas áreas en general son jóvenes. Uno de ellos escapó el jueves pasado: atravesó parte del servicio por el cielorraso y bajó a una sala por uno de los agujeros del techo, saltó fuera del edificio a través de una ventana rota y salió corriendo fuera del hospital. A una cuadra se electrocutó con un cable de alta tensión suelto y murió.

Con este escenario de graves violaciones a los derechos humanos, los integrantes de la Mesa de Trabajo, el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental y la Secretaría de Derechos Humanos, analizamos como medida inmediata el cierre de las admisiones, por razones humanitarias.

Desde 2014 iniciamos acciones judiciales por la situación de abandono estructural en la que se encontraba toda la población del hospital psiquiátrico conocido como “Melchor Romero”. El CELS, el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR) y la Comisión Provincial por la Memoria veníamos denunciando el altísimo número de muertes, las prácticas manicomiales vejatorias que ponían en riesgo la salud y la vida de las personas internadas. En 2016 quedó conformada la Mesa Permanente de Trabajo, que integramos. [El Teclado]