Con el lema "Menos interferencia, más cuidados", del 14 al 20 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. En este contexto, a 14 años de su sanción a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires todavía no adhirió a la Ley de Parto Respetado. La norma creada a instancias de varias organizaciones sociales para erradicar la violencia obstétrica, obliga a los efectores de salud del sector público y privado a garantizar que se respeten los derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento.

Si bien “la Ley nacional 25.929 es lo suficientemente compleja y abarcativa”, con la adhesión provincial “presionaríamos al Ejecutivo bonaerense para que la haga efectiva en todos los hospitales públicos”, aseguró a El Teclado Lorena Ribot, miembro de la asociación civil ‘Vos Podés’, que milita por los derechos del parto, el nacimiento y la crianza.

Ana Clara Sosa, presidenta de esa ONG, señaló por su parte que “hoy en día es muy difícil para una mujer víctima de violencia obstétrica hacer una denuncia, que se le dé curso y que tenga resultados”.

“Se trata de un tipo de violencia de género compleja y difícil de combatir porque es ejercida por el mismo Estado, es decir por los efectores de salud del sistema médico hegemónico”, agregó Sosa ante la consulta de El Teclado.

Estamos en la Semana del Parto Respetado. Conocé tus derechos y decidí cómo, cuándo, dónde y con quién parir. Comparto este video de la Universidad del Litoral para estar bien informadxs y defender nuestras decisiones y deseos! pic.twitter.com/mPw1hP9qvb

— Vicki Freire (@vicki_freire) 18 de mayo de 2018

La legislación vigente –sancionada en 2004 y reglamentada en 2015- establece, entre otras cuestiones, que toda mujer tiene derecho a un parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por su estado de salud; a estar acompañada por una persona de su confianza durante el trabajo de parto, parto y postparto y a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario.

En 2015 la entonces diputada bonaerense Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de adhesión provincial pero la iniciativa perdió estado parlamentario por falta de tratamiento legislativo.

El lunes pasado, integrantes del bloque Unidad Ciudadana de la Cámara Baja recibieron a organizaciones que luchan contra la violencia obstétrica con el objetivo de reflotar esa iniciativa.

Al respecto, Sosa contó que “les manifestamos la importancia de adherir a la Ley y de la implementación de mecanismos que garanticen su cumplimiento”.

[UN MALTRATO NATURALIZADO POR LA SOCIEDAD] 

El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense informó recientemente que en 2017 recibió 112 denuncias por este tipo de maltrato -54% ocurrieron en el sector público y 46% en el privado- aunque, obviamente, los casos son muchos más: se trata de un tipo de violencia tan frecuente como naturalizada por la sociedad.

Entre las principales quejas que recibió el OVG se encuentran la realización de prácticas sin información previa –inducciones para acelerar el parto y rotura de bolsa en forma artificial-, intervenciones que vulneran la intimidad de la mujer -tactos vaginales en salas comunes- y la imposición de la postura para parir.

Las mujeres que denunciaron también refirieron impedimento de entrar acompañadas a la sala de parto y dificultades en el acceso a la historia clínica, que por Ley es propiedad del paciente.

Semana Mundial del Parto Respetado (del 14 al 20 de mayo)
En Argentina, la ley de parto humanizado Nº 25.929 promueve el respeto a la familia y que se la acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas #DefendemosTusDerechos #DefensoriaPBA pic.twitter.com/WyrBgnZmiW

— Defensoría Provincia de Buenos Aires (@defensoriaPBA) 14 de mayo de 2018

Para el Observatorio, una de las dificultades para erradicar esta problemática es que “la violencia obstétrica aún no se considera un delito”.

“Si hay mala praxis sí, porque ese daño sí está contemplado. Pero, por ejemplo, una cesárea innecesaria es algo que se avala a pesar de las consecuencias múltiples que tiene”, señalaron desde el organismo que conduce Laurana Malacalza.

Por eso, advirtieron sobre la necesidad de que el Ministerio de Salud provincial defina un procedimiento administrativo para garantizar el cumplimiento de la Ley y que además permita sancionar a todos los efectores de salud del sistema público y privado que infrinjan la norma.

[QUIEREN QUE SE PUEDAN DENUNCIAR EN UNA FISCALÍA] 

En el mismo sentido, Lorena Ribot aseguró que “a las denuncias que se presentaron en el Ministerio de Salud en 2015 mediante el defensor del Pueblo no se les dio siquiera un número de expediente”.

Por ello, consideró que “hay que ajustar los mecanismos de denuncia, es decir que todas las mujeres que sufran violencia obstétrica denuncien ante el mismo organismo, que haya un camino fluido, sin interferencias, y que luego la Justicia tome cartas en el asunto: que se pueda ir a una fiscalía a decir ‘yo sufrí violencia obstétrica, se están violando las leyes’”.

[QUÉ ES LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA] 

La Ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres asegura que violencia obstétrica es “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. [El Teclado]

Para denunciar casos de violencia obstétrica, comunicate al OVG: 0800 222 5262; o a contacto@defensorba.org.ar