El titular del juzgado de garantías n° 6, Fernando Mateos, hizo lugar a la solicitud de la fiscal Ana Medina y elevó a juicio oral y público la causa por la muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curi, ocurrida el 1 de enero de 2016 en una fiesta clandestina realizada en la localidad de Melchor Romero en 520 entre 159 y 160.

Por la muerte de la joven están procesados Carlos Bellone, Raúl “El Peque” García, Gastón Haramboure y Santiago Piedrabuena. Se les imputa el delito de homicidio simple con dolo eventual y desobediencia en dos oportunidades. Los abogados defensores de los acusados efectuaron planteos de nulidad y de recalificación que fueron rechazados por el magistrado.

La madrugada del 1 de enero de 2016 se realizó una fiesta denominada “La Frontera”, en una quinta de Melchor Romero. Con el slogan “Vení y rompé todo”, los organizadores promocionaron el evento que duró hasta las cuatro de la tarde, 7 horas después de la muerte de la joven en plena fiesta.

El predio cuenta con una pileta de grandes dimensiones y profundidad. El acceso a la misma durante el evento era sin vigilancia ni ninguna medida de seguridad. La investigación pudo determinar, en base a testimonios de asistentes, que en el lugar no había guardavidas, ni médicos, ni ambulancias. Nadie que pudiese asistir en caso de emergencia, tal como sucedió. Además, hubo expendio de bebidas alcohólicas sin control y una excesiva cantidad de asistentes. Todo ello sin tener autorización municipal para la realización de la fiesta.

La instrucción la llevó adelante el fiscal Álvaro Garganta hasta abril de 2017, momento en que se apartó de la causa y la misma pasó a manos de Ana Medina, quien en septiembre de ese año la recaratuló agravando la imputación. La titular de la UFI 1 los acusa de “haber actuado con total conocimiento del incumplimiento de cada una de las normas destinadas a proteger la integridad física de los concurrentes…persistieron en su accionar, mostrando un total desprecio por el bien jurídico protegido (la vida y la seguridad)”.

Quiénes son los acusados y qué rol cumplieron

Así los describe el juez Mateos en la elevación a juicio:

Carlos Bellone es el dueño de la quinta donde tuvo lugar la fiesta y la habría puesto a disposición para el evento, coordinando la organización con el resto de los imputados desde semanas antes. También fue quien se notificó de la orden de clausura municipal dispuesta a las 4:12 hs cuando el evento se estaba desarrollando. Su firma aparece en el acta de notificación labrada por el agente municipal como responsable del evento.

Santiago Nicolás Piedrabuena y Gastón Sebastián Haramboure fueron los impulsores originarios de la fiesta y quienes planearon su organización conjunta al menos desde el mes de diciembre, contactando a Ismael García para que colabore en su desarrollo y a través de éste a Carlos Bellone para que proporcione el lugar. Ellos tuvieron a su cargo la logística de la fiesta y su promoción, siendo las caras visibles frente a otros a quienes les proporcionaban las entradas.

Raúl Ismael García fue el encargado la bebida, conseguir el lugar contactando a Bellone, contratar personal de seguridad para la playa de estacionamiento, manejar las consumiciones, el ingreso al sector VIP y la animación hablando por micrófono. Él fue quien firmó a las cuatro de la tarde el día anterior 31 de diciembre el acta municipal que ordenaba abstenerse de realizar el evento, identificándose como responsable.

Más allá de la descripción del magistrado, se pueden consignar algunos datos más. Haramboure fue condenado a 10 años y 8 meses de cárcel por el asesinato de Juan Andrés Maldonado en la puerta del boliche Alcatraz de Berisso el 9 de agosto de 2009. Sólo estuvo 4 meses en la cárcel y el juez César Melazo le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, que evidentemente violó ya que se encontraba en la quinta ese 1 de enero.

Piedrabuena fue condenado por tenencia ilegal de armas en un hecho ocurrido el 14 de septiembre de 2009. A pesar de que la pena fue confirmada por Casación, se encontraba libre. También está implicado en otra causa por desobediencia de una orden de clausura en un boliche de su propiedad. El Peke García es un militante del PRO que aparece en fotos junto a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que estuvo presente en el bunker del PRO en los festejos por la victoria en el ballotaje de 2015.

Además, tanto Piedrabuena como García, son amigos de Juan Manuel Martínez Garmendia, quien se desempañaba como subsecretario de Gobierno del gabinete de Julio Garro, y es quien está sindicado como el que recibió una coima de 20 mil pesos para que la fiesta continuara adelante, pese a que no había habilitación y que se dictaron dos órdenes de clausura que fueron desoídas.

La otra causa

A los fines procesales, la causa se desglosó en dos. Una es la de los empresarios, ahora elevada a juicio, y la otra es en la que se investigan las responsabilidades de los funcionarios municipales involucrados. Hasta hoy, sólo hay un procesado, se trata del ex comisario Daniel Piqué, quien al momento de los hechos se desempeñaba como secretario de seguridad del municipio. Se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que la fiesta se realizó gracias a su aval y fue quien ordenó retirar el personal policial que se disponía a evitar la realización del evento.

Según el relato de varios testigos se desprende que las autoridades municipales estaban al tanto de la organización del evento 48 horas antes y que el propio Piqué había ordenado a sus empleados que levantaran la guardia dispuesta y que debían liberar el lugar.

También se investiga la responsabilidad que le cabe a Roberto Di Grazia, titular de la secretaría de Control Ciudadano, y de Sebastián Martínez Pass, jefe de la policía local, apuntados por Piqué en su declaración indagatoria. Además, se trata de determinar que papel cumplieron el ex director de Nocturnidad Gerardo Gioglio; Néstor Galárraga, director de Inspecciones, y Juan Manuel Martínez Garmendia, entre otros. [El Teclado]