Los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, estaban citados el día de hoy a una audiencia ante la jueza María Ventura Martínez, del juzgado contencioso administrativo n°2 de La Plata, para dar explicaciones sobre las medidas que están tomando en sus respectivas carteras para desalojar a los presos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. No concurrieron. En su lugar se hicieron presentes funcionarios de segundas líneas de ambas carteras y representantes de la Fiscalía de Estado.

Esta fue la tercera audiencia para tratar este tema y nuevamente no se hicieron presentes los representantes del gobierno. Los organismos podrían solicitar que su presencia en la próxima reunión se garantice aún bajo apercibimiento.

El alojamiento de presos en comisarías se prohibió en 2005 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como “fallo Verbitsky”. Sin embargo en 2014 el ex ministro de seguridad Alejandro Granados sacó una la resolución ministerial 642/14 que habilitaba nuevamente el alojamiento de detenidos en calabozos de las comisarías provinciales, amparándose en la Emergencia en Seguridad dictada por el ex Gobernador Daniel Scioli.  

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) iniciaron una acción judicial para que la resolución fuera derogada. Esa presentación motivó que en noviembre de 2017 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendiera la resolución ministerial y determinara que las comisarías no reunían las condiciones necesarias para alojar a detenidos. Además, le ordenó al Poder Ejecutivo desalojar a las personas que se encontraban privadas de su libertad en esas dependencias y prohibió que se alojen allí nuevos detenidos.

Pasados seis meses, el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo incumple la medida sino que entre marzo y abril, los detenidos en dependencias policiales aumentaron de 3.512 a 3.732. Las plazas disponibles llegan a poco más de 1000, lo que evidencia una superpoblación del 273%.

[En la foto: Los abogados del CELS]

En los últimos 5 años la tasa de privados de la libertad en la provincia de Buenos Aires aumentó alrededor de un 35%, es un crecimiento no es acorde con el incremento de la tasa delictiva. “Tiene que ver con la forma que la provincia decidió hacer política criminal y salir a desplegar exponencialmente policías que terminan deteniendo muchísimas más personas que la capacidad que tiene, y al mismo tiempo por delitos leves o delitos en las que las personas no deberían estar detenidas. Hay una decisión de endurecer la respuesta penal y poner más gente presa”, expresó Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS.

Los abogados del CIAJ y el CELS alertaron que no observan ningún signo en las políticas criminales y penitenciarias del gobierno de María Eugenia Vidal que apunte a revertir la tendencia. Por el contrario, el Ministerio de Seguridad presentó un informe en el expediente donde anunció que resulta “inviable” cumplir con la orden judicial en el corto plazo, por factores externos como la criminalidad.

Una de las vías de solución propuestas por el estado provincial sería el aumento de la cantidad de personas que estarían en condiciones de tener el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Según estadísticas serían alrededor de 100 detenidos. Además del aumento de plazas en alcaidías y penales. Aunque se trata de un problema estructural de difícil solución.

“Estamos de acuerdo que en la medida de lo posible se den arrestos domiciliarios con monitoreo. Pero nuestro planteo es que por la gravedad de la situación hoy y por la cantidad de personas por encima de la capacidad, la vía del monitoreo no es la que va a resolver la situación. Se requieren decisiones por parte de jueces y de suprema corte de la provincia como resolver el problema”, reflexionó Litvachky.

Hechos comos los ocurridos el 2 de marzo de 2017 en Pergamino, dónde siete jóvenes que estaban detenidos en la Comisaría 1era murieron durante un incendio de la dependencia, o el ataque a la comisaría de San Justo, el 30 de abril de 2018, en el que fue baleada una sargento al intentar liberar a detenidos alojados allí son los que reavivan el debate sobre las condiciones infrahumanas de detención y llevó a los organismos a presentar un reclamo judicial para que se cumpliera con los estándares internacionales.

Sobre todo, tras las declaraciones de Cristian Ritondo luego de lo acontecido en San Justo. Al visitar a la sargento baleada, el ministro de seguridad expresó en conferencia de prensa: “desde el 10 de diciembre de 2015 hay 11 mil presos más” y eso es “gracias al gran esfuerzo de la Policía”. Además agregó: "Quizás donde entren 15 hoy haya 30 presos, pero yo sigo insistiendo en que prefiero que estén adentro apretados y no afuera perjudicando a la gente". [El Teclado]