Los rumores sobre una posible derogación del decreto 727/2006 de los últimos días se cristalizaron en el discurso del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante la celebración del Día del Ejército. "Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la cooperación con otras áreas del Estado, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales", señaló en el acto.

Frente a esta declaración, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su preocupación y rechazo por lo que significaría una reforma regresiva en materia de seguridad y derechos humanos. Una reforma, a su vez, que desconoce las luchas del pueblo argentino por imponer marcos institucionales al accionar de las FFAA desde el retorno de la democracia.

En la memoria del pueblo argentino la intervención de las FFAA en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado. La misma estuvo amparada en lo que se llamó la "Doctrina de la Seguridad Nacional", impuesta por  EEUU para todo el continente Latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo político trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional. 

Las leyes de defensa nacional y seguridad interior de 1988 y 1991, respectivamente, y el decreto 727 de 2006 fueron determinado esos límites; en ese sentido, la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos. Hoy esos marcos institucionales se ven seriamente amenazados.

La gravedad de esta situación se inscribe a su vez en un marco de fortalecimiento de las políticas punitivistas que, bajo el paradigma de las “nuevas amenazas”, profundizó la militarización del espacio público y fue permitiendo mayores márgenes de arbitrariedad e ilegalidad en el accionar de las fuerzas de seguridad. Todo esto fue denunciado innumerable cantidad de veces por la CPM.

El único resultado de esta política criminal en materia de seguridad fue el cercenamiento de derechos y garantías constitucionales. Mientras tanto, las autoridades políticas presentan como resultados positivos el incremento de la cantidad de personas detenidas en condiciones inhumanas que violan todos los tratados internacionales, tal como lo ha señalado recientemente el relator de la ONU para el Comité Contra la Tortura Nils Melzer luego de una visita al país. 

En este contexto regresivo, la reforma de las leyes nacionales para permitir la intervención definitiva de las FFAA en cuestiones de seguridad interior sólo generará más violencia y violaciones a los derechos humanos.  

No existen experiencias exitosas en el involucramiento de las FFAA en la seguridad interior, sino todo lo contrario. Los países que adoptaron este camino solo generaron más violencia, degradación y corrupción estatal agravando los problemas que se querían evitar. Cómo hemos sostenido en otras oportunidades, los problemas complejos de la seguridad ciudadana, requieren de respuestas estatales complejas e integrales, no anuncios efectistas que simplifican y pretenden mostrar un activismo estatal inexistente.

La CPM reclama que se respeten los marcos institucionales y se discutan políticas públicas que garanticen más derechos: como ya ha sido probado, la militarización del espacio público no ha solucionado los problemas de seguridad, sólo reproduce la violencia, producen graves violaciones de derechos humanos y debilitan la democracia.

La seguridad del pueblo no son las FFAA, la seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo. Todos estos derechos de las personas y los pueblos que hoy son vulnerados en nuestro país por las políticas represivas del gobierno. [El Teclado]