Los abogados que representan a Daniel Scioli presentaron un recurso de apelación en relación al embargo que le dictó el 23 de mayo la jueza Marcela Garmendia por un monto millonario en la causa de la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gestión como gobernador.

Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina en el escrito le recriminan a la titular del juzgado de garantías n° 5 haber hecho lugar al pedido del agente fiscal Álvaro Garganta respecto a la inhibición general de bienes por $189.200.000 sin haber considerado ni valorado las argumentaciones defensistas en pos del interés del ex gobernador. Le critican tener una visión subjetiva y parcializada.

Además, hacen referencia a que la Fiscalía de Estado, como particular damnificado, no pidió ninguna medida de coerción ni acompañó el pedido de la UFI 11, argumentando que desde ese organismo “no se ha planteado que con la contratación de las obras que el agente fiscal entiende irregularmente adjudicadas, se hubiera causado un perjuicio patrimonial al fisco provincial”.

Es por ello que consideran el pedido de inhibición de bienes como “improcedente”, el monto escogido como “temerario” y al fallo que le hizo lugar como “arbitrario” ya que carece de fundamentación. Es por ello que consideran que debería ser revocado.

En consecuencia, le requieren a la jueza Garmendia la suspensión de la medida. Además, le solicitan a la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que designe una audiencia a fin de mejorar los argumentos y que haga lugar al pedido de revocación del fallo emitido.

Recordemos que el fiscal Garganta además había solicitado que para salir del país los procesados debían dar aviso previo al Ministerio Público, lo que fue denegado por la magistrada.

[La Causa]

Según la acusación fiscal, existen "indicios vehementes" de que entre los años 2011 y 2015, el ex Ministro de Salud, Alejandro Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización de ocho UPA y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

La investigación comenzó luego de una mega denuncia efectuada por María Elisa Carrió contra el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, por los supuestos delitos de lavado de dinero y defraudación en la administración pública, a partir de presuntos desmanejos de los recursos en el Estado provincial. [El Teclado]