El abogado que representa al ex Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, presentó un recurso de apelación contra la resolución tomada por la jueza Marcela Garmendia el 23 de mayo, en la que le dictó la inhibición general de bienes por un monto millonario en la causa de la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión como gobernador de Daniel Scioli.

La titular del juzgado de garantías n° 5 resolvió hacer lugar al pedido del agente fiscal Álvaro Garganta respecto a la inhibición por $189.200.000 que deberá ser asumida solidariamente por los tres procesados en la causa: Collia, Scioli y el empresario Ricardo Miller, titular de la empresa que, según la denuncia, resultó la beneficiaria de las licitaciones de las obras. En su escrito la jueza aclara que toma la medida cautelar “debido al potencial perjuicio pecuniario que los encartados han ocasionado a la Administración Pública Provincial”.

El abogado Flavio Gliemmo solicita se revoque el embargo, por considerar que la fundamentación esgrimida por Garmendia es insuficiente y además autocontradictoria, ya que no analiza la imputación y toma una medida cautelar “desproporcionada, injustificada e ilegal”.

#Judiciales l Inhibieron por 189 millones de pesos a Scioli, Collia y Miller por la causa UPAs
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— El Teclado (@ElTecladoOK) 23 de mayo de 2018

Además, considera que la magistrada realiza una “emisión de opinión anticipada” que considera “disvaliosa” para el ex ministro, lo que afectaría su futura defensa en juicio. Sostiene que la argumentación no expresa en qué se benefició ni en qué perjudicó al erario público ya que nada de esto surge de la acusación fiscal.

Recordemos que en la audiencia previa al dictado de la resolución, concurrieron los abogados de los tres imputados y un representante de la Fiscalía de Estado de la Provincia, quien expresó no acompañar la solicitud del fiscal ya que no encuentran perjuicio pecuniario para el estado provincial. En sus planteos defensistas, tanto Scioli como Collia explicaron que las licitaciones fueron efectuadas dentro del marco legal de la ley de Contabilidad y que esos actos administrativos fueron avalados por todos los organismos de control y contralor de la provincia.

A este respecto, Gliemmo plantea que la jueza tergiversa los términos “irregular” con “ilegal” y agrega: “si la licitación fue adjudicada de manera “irregular”, como mal dice, ésta fue avalada por todos los organismos del estado provincial que visaron los expedientes”. Para luego agregar que tal irregularidad no existió.

Según la acusación fiscal entre los años 2011 y 2015, Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA. La adjudicación a esa empresa se concretó "con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario Ricardo Miller, y además, por las dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol". [El Teclado]