La vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Marisol Merquel (PJ Unidad y Renovación), propuso crear, a través de un proyecto de ley, el Registro Provincial de Infractores y Deudores Laborales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El objetivo principal del proyecto es evitar que quienes no cumplen con la ley mantengan un vínculo con el Estado.

En este sentido, Merquel aseguró que “la iniciativa apunta a complementar la sanción al trabajo infantil y al trabajo en condiciones de esclavitud o servidumbre, así como las graves violaciones a las normas previsionales y laborales”. Al respecto, la legisladora rescató la necesidad de “garantizar el respeto de los derechos humanos en el ámbito laboral, defender los puestos de trabajo y promover el empleo registrado”.

QUEREMOS QUE TODOS CUMPLAN CON LA LEY 

Proponemos crear el #RegistroProvincial de Infractores y Deudores Laborales para que quienes no cumplen con la ley no puedan ser proveedores del #Estado.

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— Marisol Merquel (@MarisolMerquel) 3 de julio de 2018

En torno a la propuesta, Merquel explicó que “el proyecto nace de un trabajo articulado con el Secretario General del gremio de Canillitas, Omar Plaini, donde planteamos una serie de acciones legislativas que tienen el propósito de defender los derechos laborales”. Además, advirtió: “la defensa de los derechos no debe ser una tarea exclusivamente estatal pero el Estado no puede beneficiar a quienes incumplen las leyes y sobre todo en tiempos de dificultades tiene la obligación de aplicar medidas en defensa del empleo”.

La informalidad laboral constituye uno de los principales déficits de trabajo decente en la Argentina, donde uno de cada tres asalariados no está registrado en la seguridad social y la incidencia de la informalidad laboral en el total de ocupados supera levemente el 40%.

Respecto a este panorama, la diputada provincial sostuvo que “el trabajo en negro sigue resultando una de las condiciones de deterioro social más duras de erradicar” y concluyó: “la creación de un Registro Provincial de Infractores y Deudores Laborales, no sólo combate el empleo en negro, también pone un manto de ética a las relaciones entre el Estado y los autores o ejecutores de los ilícitos laborales”. [El Teclado]